La obligación está contenida en una ley que presentó el Frente Amplio y que se aprobó por unanimidad.
Las instituciones que trabajen con niños, adolescentes o personas con discapacidad deberán confirmar que las personas que contratan no tienen antecedentes de delitos sexuales.
La obligación está contenida en una ley que se aprobó por unanimidad.
El proyecto había sido presentado por el Frente Amplio.
El Senado completó la aprobación esta semana. Quienes hayan cometido delitos como violación, abuso o trata de personas, no podrán trabajar en contacto con niños, adolescentes, personas con discapacidad o adultos en situación de dependencia.
La ley aprobada pasó al Poder Ejecutivo, que tiene 30 días para reglamentarla.
Cuando eso ocurra, su aplicación será obligatoria para las instituciones públicas y privadas.
