La propuesta fue hecha por el diputado Pablo Iturralde.
La actividad parlamentaria se centra en debatir qué se hará con el juicio político que se pretendía iniciarle al senador frenteamplista Leonardo De León, frente al hecho de que el fiscal Luis Pacheco cerró la causa que investigaba su gestión en ALUR, con el foco puesto en el uso de las tarjetas corporativas cuando él precedía la empresa.
Diversos técnicos constitucionalistas acuden a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados –donde el nacionalista Pablo Iturralde presentó la denuncia– para dar su opinión al respecto. Hasta ahora, han dicho que el juicio político y la decisión de Pacheco son cosas diferentes y que el artículo 93 es factible de aplicar: juicio político por violación de la Constitución o por cometer delitos graves.
“La petición de juicio político está correctamente formulada. Lo que debería hacer la Cámara de Representantes es pronunciarse sobre eso y ver si hay elementos suficientes para la formación de causa. También señalé que se deben dar las garantías de defensa a la persona denuncia a nivel de la comisión”, afirmó el constitucionalista Martín Risso.
