Maya Cikurel es investigada en una causa de lavado de dinero al figurar como apoderada de cinco empresas a través de las cuales Odebrecht pagó millones de dólares en coimas

Cuando Panamá haga la solicitud formal de extradición va a ingresar a través del Ministerio de Educación y Cultura, lo que genera suspicacias en las actuales autoridades de la cartera.

La pareja del futuro ministro de Educación, Pablo Da Silveira, cumple arresto domiciliario luego que la Justicia de Panamá pidiera su captura en el marco de las investigaciones que lleva adelante por la trama de corrupción de Odebrecht.

Cuando Panamá haga la solicitud formal de extradición va a ingresar a través del Ministerio de Educación y Cultura, lo que genera suspicacias en las actuales autoridades de la cartera.

Maya Cikurel Spiller es contadora y fue detenida el pasado miércoles por personal de Migraciones en el Puerto de Colonia, desde donde pretendía viajar a Buenos Aires junto a su pareja el  futuro ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira. Por los próximos dos meses la mujer cumplirá arresto domiciliario a la espera de que Panamá, país que pidió su captura y que la investiga por su presunto vínculo con la trama de corrupción de Odebrecht, envíe el pedido formal de extradición.

Cikurel es investigada en una causa de lavado de dinero debido a que figura como apoderada de cinco empresas a través de las cuales Odebrecht pagó millones de dólares en coimas para obtener concesiones de obras en el Estado centroamericano.

El hecho de que el tratado firmado entre Uruguay y Panamá establezca que las solicitudes de extradición se ingresan a través del Ministerio de Educación y Cultura generó suspicacias en las actuales autoridades de la cartera, quienes sugirieron que Da Silveira podría intervenir para demorar el proceso. El  director de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del Ministerio de Educación y Cultura, Pablo Maqueira, dijo a Telemundo que Da Silveira podría no asumir o tomarse una licencia hasta tanto se resuelva la situación de su pareja, de modo de dar garantías de que no habría intervención política en el tema.

Maqueira agregó a Telemundo que -aunque no hay ningún mecanismo que pueda evitar que el Ministerio envíe la solicitud de extradición al Poder Judicial- sí podría demorar el trámite más allá de los dos meses que la Justicia uruguaya dispuso de arresto domiciliario.

El jerarca del Ministerio de Educación y Cultura señaló que aunque la oficina que recibe la solicitud se llame “autoridad central”, no es más que una repartición del Ministerio de Educación y Cultura que a partir del 1 de marzo encabezará Da Silveira.

En caso de ser enviada al país Centroamericano recién ahí se analizará la responsabilidad de Cikurel en un eventual delito de lavado de dinero, ya que hasta el momento Uruguay carece de información respecto a su caso. De ser encontrada culpable, la mujer podría recibir la pena máxima de 12 años de penitenciaría.

Más allá de que la solicitud de extradición ingresa a través del Ministerio de Educación y Cultura, el abogado penalista Gustavo Bordes negó que la cartera pueda incidir para frenar un proceso de extradición

Cikurel también es investigada en Uruguay por parte de la Justicia del Crimen Organizado, una causa que se inició con información enviada por la Fiscalía de Suiza. Si esa causa se basa en los mismos elementos que la panameña, entonces la defensa de la contadora podría impedir la extradición, alegando que su caso ya está siendo investigado en Uruguay.

Sin embargo, hasta el momento la Justicia uruguaya desconoce el detalle de la investigación que lleva adelante Panamá, y solo se enterará una vez llegue la solicitud formal de extradición, en un plazo estimado de dos meses.

Cuál es el proceso formal  de extradición (teniendo en cuenta el acuerdo firmado entre panamá y uruguay en 2008)

Primero la Justicia de Panamá debe preparar y enviar toda la documentación para pedir la extradició. Cuando llegue, ingresará “vía diplomática” a la oficina del Ministerio de Educación y Cultura que se llama “autoridad central”.

Los funcionarios de la oficina deben evaluar que los documentos cumplan con todos los requisitos legales y formales.

Elaboran un informe técnico donde concluyen si la solicitud incumple con algún punto, para después remitirlo al Poder Judicial. Un detalle: el informe que le llegará al juez no es vinculante. Esto quiere decir que no incidirá en la decisión que tome la Justicia.

Cumplidas las etapas anteriores, el Poder Judicial fija una audiencia donde se le consulta a la persona a ser extraditada si quiere ser enviada de forma voluntaria al país que la requiere. Si acepta, el proceso se acelera, si no lo acepta entonces se debe fijar una nueva audiencia en la que se evalúa si están dadas las condiciones formales para cumplir con el pedido de Panamá.

La culpa de la mujer se evaluará en el país centroamericano. De hecho, puede pasar que sea extraditada y luego declarada inocente.

Mientras tanto, el presidente electo Luis Lacalle Pou respalda a Pablo Da Silveira y rechaza que pueda interferir en el proceso de extradición


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