El documento asegura que el caso de Alfie evidencian "la priorización de lo privado" sobre lo público de este gobierno.
La Mesa Política del Frente Amplio (FA) emitió una declaración este viernes a propósito de la interpelación en Diputados a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, por las exoneraciones fiscales concedidas a la empresa de Isaac Alfie, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). El documento está divido en nueve puntos.
El primer apartado dice que el trámite "resulta un claro apartamiento de los mínimos de ética pública exigibles a ambos jerarcas". Según el FA, quedaron expuestos funcionarios subalternos que quedaron involucrados en el proceso de evaluación de la solicitud de Alfie.
La Mesa Política asegura que "este hecho se torna más grave en el actual contexto de profunda crisis y de políticas de ajuste que ejecuta el gobierno, con los jerarcas antes mencionados como principales impulsores y voceros". Esta política, según el FA, "se caracteriza por el incremento de impuestos y tarifas, la rebaja de salarios y pasividades, el drástico recorte del gasto y de la inversión pública, y el mayor enriquecimiento de los denominados malla oro, lo que ha tenido como consecuencia un notorio aumento de la desigualdad, el desempleo y la pobreza".
En el tercer punto, la coalición de izquierda señala que del llamado a sala "surge con claridad" que la ministra no respondió a las 11 preguntas del diputado socialista Gonzalo Civila, el miembro interpelante.
El FA luego afirma que el gobierno "faltó a la verdad" porque Alfie ya sabía que sería designado director de la OPP cuando inició el trámite. Arbeleche precisó en la sesión del miércoles que el economista había hecho la solicitud el 13 de diciembre de 2019, y ya entonces la prensa manejaba como un hecho su designación en el gobierno entrante.
El quinto inciso de la declaración apunta directamente al presidente Luis Lacalle Pou, ya que "no se aclaró en ningún momento" de la interpelación si el mandatario estaba al tanto de la exoneración otorgada.
"Resulta preocupante que se hayan mantenido y se mantengan en secreto las actuaciones", expresa el sexto punto de la declaración ya que el expediente del trámite fue catalogado como información confidencial.
Y para el FA "la preocupación se agrava" porque un legislador del Partido Nacional dijo en la sesión que había tenido acceso a estos documentos, a los que no debería haber podido acceder. Se trata del diputado Álvaro Viviano, quien durante su intervención se refirió a "los expedientes" del caso, pero más adelante se corrigió y dijo que en verdad se refería a los documentos del caso.
El octavo punto plantea que del caso de Alfie se desprende "la priorización de lo privado" sobre lo público, y por tanto "una concepción laxa de la ética pública".
Finalmente, la Mesa Política del FA hace un reconocimiento a la "actuación" de su bancada de diputados, "que ha exigido transparencia sobre una inaceptable resolución del gobierno, y que ha defendido la ética de servicio en el ejercicio de la función pública".
