El informe de Bomberos concluyó que el incendio ocurrió por un cortocircuito y que fue algo accidental.
El Ministerio del Interior fue condenado a pagar USD 260.000 a las familias de los cuatro reclusos que murieron durante un incendio en el Comcar en diciembre de 2021. La sentencia llevó “paz” a los familiares, tras un proceso que definen como “tortuoso” y con un monto final de dinero que es menor al que esperaban.
El hecho ocurrió el 9 de diciembre de 2021. Había sido una madrugada trágica en el penal. A las cinco y media de la madrugada se desató un incendio en la celda 35 del módulo 4, que provocó la muerte en el lugar de dos presos y que tres de ellos sufrieran quemaduras gravísimas. Con el paso de los días, las muertes ascendieron a cuatro.
Dos años después, los familiares de los fallecidos iniciaron una demanda contra el Ministerio del Interior y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASS), que este jueves tuvo sentencia.
“Se lo responsabiliza porque entiende la señora juez, la doctora (María Eugenia) Ferrer, que el Estado tenía el deber de prever; es decir, tenía bajo su cuidado vidas humanas. En este sentido, el hecho fue por causas edilicias, estructurales, no fue un hecho de los privados de libertad que determinó el incendio”, explicó a Telemundo el abogado Rodrigo Rolón, representante de las familias de las víctimas.
En total, el Ministerio del Interior fue condenado a pagar USD 260.000 a ocho familiares por daño moral, según surge de la sentencia a la que accedió Telemundo.
La defensa de la familia considera que la sentencia es justa, pero evalúa apelar. “Los montos son sensiblemente menores a lo que nosotros habíamos reclamado inicialmente, como también lo que sucedió con la exclusión de ASSE; será materia de análisis”, dijo Rolon.
“Si bien en el cúmulo, USD 265.000 puede donar una cifra abultada, por la muerte de un padre o un hijo, la señora juez falló USD 50.000. Entendemos que es una cifra más baja de lo que tendría que ser”, agregó.
El informe de Bomberos concluyó que el incendio ocurrió por un cortocircuito y que fue algo accidental.
“Mis dos defendidos están muy consternados. De alguna manera esto le da un poco de paz, esa es la realidad. Ha sido un proceso tortuoso, con prácticamente cinco años de juicio. Tanto el ministerio del Interior como ASSE han intentado excluirse de la responsabilidad”, apuntó el abogado.
