La propuesta está contenida en un artículo del proyecto de ley de Rendición de Cuentas.
El Ministerio del Interior podrá solicitar a las compañías telefónicas saber quién es el titular de una línea desde la que se realiza una denuncia falsa o llamada en tono de broma al servicio telefónico del 911. Así lo establece un artículo del proyecto de ley de Rendición de Cuentas presentado esta semana en el Parlamento.
Hace poco más de un año, en el inicio de la administración de Yamandú Orsi, las autoridades se enfrentaron a una situación que primero fue un caso aislado y luego se volvió repetitiva: llamadas telefónicas anónimas que hacían denuncias por presuntas bombas en diferentes espacios públicos como shoppings, centros de salud y edificios de enseñanza.
Con este antecedente, la Rendición de Cuentas propone en su artículo 194 que se sustituya el artículo 103 de la Ley Nº 19.889, que es la Ley de Urgente Consideración que promovió el gobierno de Luis Lacalle Pou en 2020.
¿Qué se propone? Esencialmente, hay dos cambios. Por un lado, se modifica quién aplica la sanción: originalmente, la multa la ponía la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec); ahora será el Ministerio del Interior.
Por otra parte, Interior recibe ahora una nueva facultad: “El Ministerio del Interior podrá requerir a los operadores de los servicios de comunicación, la información relativa a la titularidad de las líneas telefónicas”.
Más allá de las modificaciones, se mantienen otros aspectos, como que las multas pueden ir desde 10 a 100 Unidades Reajustables (UR) y que el destino del dinero por concepto de penas económicas es “un fondo de inversiones para la mejora del servicio de Emergencia 911".
Además, se mantiene que la norma aplica tanto a quienes hagan denuncias falsas por llamada telefónica como por "telefonía móvil o cualquier otro medio de comunicación".
