Luis Aubriot propone "un conjunto de medidas integral, para garantizar un suministro de agua sustentable a largo plazo".
La crisis del agua está instalada en Uruguay. Eso quiere decir que el país enfrenta dificultades para garantizar el suministro de agua potable a la zona metropolitana; al menos en la forma en la que lo hacía hasta hace pocos meses.
De la canilla ahora sale agua más salada, con más cloruros y con un mayor nivel de trihalometanos. Y para hacer frente a esa situación en el largo plazo, el gobierno aprobó la construcción de una nueva planta potabilizadora en Arazatí (San José). Esa propuesta hizo a un lado la que había dejado en gateras la administración de Tabaré Vázquez (2015-2020) y que es reclamada por el Frente Amplio: un embalse que sirva como reserva de agua dulce en el arroyo Casupá. Sin embargo, puede que ninguna de esas dos opciones sea la mejor; e, incluso, que haya otras. Así lo entiende Luis Aubriot, investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (UdelaR).
En entrevista con Telemundo, Aubriot repasó en qué consisten los proyectos de Arazatí -una iniciativa denominada “Neptuno” y que está en etapa de licitación- y Casupá -un proyecto que desde todo el sistema político se ha dicho que, eventualmente, deberá llevarse adelante-, y sus respectivas fortalezas y desventajas.
Arazatí y Casupá bajo la lupa
Tanto Arazatí como Casupá “son proyectos orientados a mejorar la capacidad de potabilizar agua” y “de la cantidad de agua a ser potabilizada”, y "ambos tienen muchas debilidades". “Están planificados como para un escenario de 2045 o 2050, donde habría necesidad de más volumen de agua a ser potabilizada. Estos proyectos tienen ventajas y debilidades. Creo que lo que ha faltado en la discusión es el conocer otras propuestas que quizás puedan dar lugar a otras opciones quizás intermedias o diferentes, pero se ha polarizado en dos opciones”, comenzó Aubriot, y adelantó que “de hecho, el proyecto Arazatí tiene como componente que a futuro se va a necesitar el embalse de Casupá”.
Para medir las fortalezas y debilidades de los proyectos, Aubriot propone tomar como base un estándar marcado por OSE y la principal empresa extranjera que la asesora: la denominada ‘regla de oro’. “Se plantea que para darle seguridad a una ciudad debemos tener dos fuentes independientes de agua, de forma tal que ambas puedan aportar hasta el 70% del volumen de agua a ser potabilizado, cosa de que si una falla, la otra pueda suministrar agua. Y también la independencia, así pueden tomar agua de fuentes en lo posible diferentes”, dijo Aubriot, y afirmó que “hay dos factores en los que los proyectos apuntados a futuro no cumplen con esa regla de oro. Y esa es la principal preocupación”.
En el caso de Arazatí, “tiene como capacidad máxima de aporte al agua metropolitana de 20-23%, no va a llegar al 70%”. “Es decir que en caso de que falle (la planta potabilizadora) Aguas Corrientes, nos quedamos con un 20%, que sería agua para una parte de la ciudad”.
En el caso de Casupá, “es un gran embalse, con una reserva mucho más grande de la que tendríamos actualmente si los embalses estuvieran llenos”. “Actualmente tenemos una reserva máxima de 80 hectómetros cúbicos, y Casupá tendría 100 hectómetros cúbicos, pero el transporte de agua sería vía fluvial por el río Santa Lucía hacia Aguas Corrientes. Entonces seguimos dependiendo de una sola planta potabilizadora: ocurre cualquier falla en esa planta y nos quedamos sin agua en la zona metropolitana”, afirmó el investigador.
En el caso del proyecto Arazatí, además, Aubriot planteó que es “equivocado” el planteo que se ha hecho por parte del gobierno de que “el Río de la Plata -desde donde se hará la toma de agua para la nueva planta potabilizadora- es una fuente infinita de agua”. “No lo es para potabilizar, porque es agua que no siempre es dulce, a veces es salobre. Por lo tanto, habría momentos en los que la planta pararía de funcionar en períodos de déficit hídrico y con la entrada de agua salina. Y dependeríamos de su reserva, que es un embalse como para 60-80 días. Pero suministrando solo un 20% a la ciudad”, dijo.
En un escenario hipotético, ¿la planta de Arazatí hubiese podido mitigar la actual crisis hídrica? “Si tuviéramos Arazatí y Aguas Corrientes, el total de tiempo neto de suministro de agua estaría alrededor de los 120 días. No es un cambio significativo para un problema hídrico como tenemos ahora. Haciendo una evaluación muy por arriba, estaríamos en una situación muy similar a la actual con la planta de Arazatí”, respondió Aubriot.
Además, el especialista criticó que Arazatí tiene “un altísimo costo y va a tomar agua de un lugar que tiene problemáticas de calidad de agua, como las floraciones frecuentes de cianobacterias tóxicas”. “Va a tomar agua de mala calidad, por lo que va a tener que descontaminarla, con un costo altísimo, y por momentos va a tener cortes en la toma del Río de la Plata por el problema de salinidad”, agregó.
Ni Arazatí, ni Casupá: una tercera opción
En diálogo con Telemundo, el investigador de la Facultad de Ciencias consideró que sería bueno que las autoridades llevasen adelante un estudio de factibilidad sobre una propuesta alternativa: instalar una planta potabilizadora en Casupá, con su respectivo embalse.
Esta iniciativa tomaría elementos de las dos propuestas existentes: la delimitación de un embalse de agua dulce -proyecto Casupá- y la construcción de una segunda planta potabilizadora para el área metropolitana -proyecto Arazatí-.
“En un seminario interacademias se planteó la pregunta de pensar en el agua del futuro. Ahí surgió una propuesta de por qué no pensar en una opción que cumpla con la regla de oro. Eso implica instalar una planta potabilizadora en Casupá, utilizar ese embalse y transportar esa agua vía tuberías hacia Montevideo”, apuntó Aubriot, y agregó: “La distancia es grande, pero es muy similar a la de Arazatí: son 82 kilómetros desde Arazatí y 110 desde Casupá”.
Entre sus argumentos, Aubriot señaló que “la zona de Casupá tiene agua con buena calidad, porque no es una zona tan productiva a nivel agrícola y pecuario”. “Tendríamos una relativa buena calidad de agua, con sistemas de tratamiento más convencionales y no tan complejos como los de Arazatí, y con menos costos operativos”, agregó.
“Hay que hacer un estudio de factibilidad profundo para ver si puede ser una opción posible para garantizar agua hacia el futuro y poder cumplir esa regla de oro, que no se puede cumplir al 100% en la zona metropolitana, porque no tenemos independencia absoluta. Pero podríamos tener dos plantas independientes, que puedan brindar agua de forma significativa”, afirmó el especialista.
Pero además de la planta, Aubriot puso sobre la mesa la necesidad de que OSE avance en eliminar la cantidad de agua que pierde, ya sea por cañerías rotas o servicios no regulados: esa cifra es cercana al 50%.
“Un componente necesario a cumplir es la disminución de la pérdida de agua a nivel metropolitano, con un horizonte de alcanzar un 30% de agua perdida, ya sea robada o a través de cañerías que tienen muchos años. Eso lleva una inversión muy grande, pero es ineludible”, afirmó.
Además, “habría que mejorar la calidad de agua” del Santa Lucía “a través de prácticas productivas más amigables y con menor contaminación de los centros urbanos”.
“Esto sería un conjunto de medidas integral, para garantizar un suministro de agua sustentable a largo plazo. Y que no sea tan dependiente de la tecnología para los procesos de descontaminación”, concluyó Aubriot.