Además, se establece un mínimo de un BPC (actualmente $5.660) de transferencia "aunque la persona no tenga ingresos comprobables".
La coalición de gobierno se apresta a aprobar un aditivo en la Rendición de Cuentas que está a discusión en el Senado referido al pago de pensiones alimenticias para los hijos de padres divorciados.
"Nos preocupaba mucho la situación de población vulnerable que a veces tiene decretada la pensión alimenticia y el papá no tiene una fuente de ingresos comprobable o no se sabe dónde está y se incumple", introdujo a Telemundo la nacionalista Carmen Asiaín este jueves.
Ante esta situación, se estableció que la omisión injustificada del pago de la pensión será considerado un delito autónomo "para quienes pudiendo hacerlo, no lo hacen". El artículo en cuestión marca que será castigado con pena de tres a doce meses de prisión.
Actualmente, el Código de la Niñez y Adolescencia únicamente establece que se debe "dar cuenta de inmediato al juez letrado en lo penal" ante la omisión de la transferencia. Asiaín aseguró que "en los hechos" los fiscales "no lo persiguen".
"Constituye agravante de este delito el empleo de estratagemas o pretextos para sustraerse al cumplimiento del pago de la pensión alimenticia, así como quien para eludir el cumplimiento de la misma, maliciosamente destruyere, ocultare, inutilizare, dañare o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o en forma fraudulenta disminuyere su valor, y de esta manera frustrare, en todo o en parte el cumplimiento de dichas obligaciones", establece el proyecto.
Además, se establece un mínimo de una BPC (actualmente $5.660) de transferencia "aunque la persona no tenga ingresos comprobables". "Algo tiene que aportar", justificó.
La Justicia establece una "batería de ocho medidas y hasta la posibilidad, que queda a juicio del juez, de retirar la libreta de conducir", señaló la legisladora.
La oposición no acompañará la medida, indicó la nacionalista porque pretendía que el artículo se desglosara de la Rendición de Cuentas para analizarlo en profundidad. "En comisión ya no se aprobará. Era una deuda que teníamos desde el proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza", justificó.
