Advierten que el Estado uruguayo debe buscar otros caminos y alternativas para los migrantes que muchas veces son víctimas de abuso .
En este lugar ubicado en Mercedes y Minas frente al cuartel de los Bomberos vivían unas diez familias, la mayoría peruanos y dominicanos.
Ocuparon el lugar en febrero tras pagar cada familia por una habitación entre 10 mil y 15 mil pesos.
Le hicieron mejoras, reinstalaron el agua y la luz.
Los vecinos del lugar dicen que la casa está abandonada por lo menos diez años y que muchas veces no se podía pasar por el lugar por caída de escombros de los balcones.
Las familias ocupantes comenzaron a realizar reparaciones hasta que en abril recibieron la primera notificación de desalojo.
El propietario, que es argentino, presentó dos acciones, una civil y otra penal por usurpación. En el caso penal la Fiscalía accedió al pedido de desalojo y fijó la fecha para el viernes 7 de setiembre.
El abogado Juan Ceretta de la Asesoría Jurídica de la Facultad de Derecho explicó a Telemundo que las familias abandonaron las viviendas con miedo y sin muchas alternativas.
Ceretta, junto a otras organizaciones sociales como idas y vueltas y Amnistía Internacional presentaron una carta abierta al fiscal de Corte Jorge Díaz que revea la tendencia de los desalojos forzosos.
Para Ceretta en los juicios civiles existen más garantías para las personas y más tiempo para buscar alternativas.
