"¿Qué garantías tenemos de que no vaya a hacernos algo cuando está en la casa sin más control que una tobillera que apaga y prende a su antojo?", lamentó Antonio Bruzzone.
Antonio Bruzzone, padre de Nicolás, una de las personas asesinadas en setiembre en Empalme Olmos a manos de Humberto Radiccioni, criticó este jueves la decisión de la Justicia de mantener la reclusión domiciliaria preventiva para el homicida.
Bruzzone contó que se logró comprobar que la tobillera electrónica que controlaba su reclusión en su casa de Atlántida se apagó en dos ocasiones, una de ellas por cuatro horas. Radiccioni tampoco atendió el celular cuando lo llamó la Policía, pero ningún agente fue a su casa a verificar que no hubiera salido del hogar, afirmó. En ese sentido, la fiscalía reclamó que pase a prisión efectiva, pero fue denegado por la jueza del caso.
"Como argumento, se dijo que un tribunal se había expedido -el de Apelaciones de segundo turno- y que el fiscal tendría que haber probado que Radiccioni había incumplido con el tema de la tobillera y había salido de la casa. Una especia de inversión de la carga de la prueba. No le bastó con que se acredite que estuvo apagada", lamentó.
El padre de la víctima dijo que su familia se siente "vulnerada" y preguntó: "El Estado supuestamente da garantías. ¿Qué garantías tenemos de que no vaya a hacernos algo cuando está en la casa sin más control que una tobillera que apaga y prende a su antojo?"
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La empresa
El conflicto se origina, según Bruzzone, por un tema empresarial: "El homicidio tuvo como objetivo disolver la sociedad Ticholos del Uruguay. Hoy la empresa está cerrada".
Rememorando, el padre de la víctima contó que la empresa se formó en 2019 "cuando Radiccioni precisaba plata para unas aventuras que tuvo". En ese momento "hizo que Jorge Percovich (la otra víctima) y mi hijo, pero sobre todo Percovich pongan plata", continuó con su relato.
La sociedad entonces quedó conformada con la mitad de la propiedad para Percovich y Bruzzone y la otra mitad "para Radiccioni viejo, pero en los papeles figuraba Radiccioni chico (hijo), Augusto".
Además, la sociedad firmó un contrato de arrendamiento por 15 años con el diputado del Partido Nacional Javier Radiccioni, el otro hijo de Humberto.
"Había una multa que si se compraba la fábrica y se impedía que la sociedad Ticholos del Uruguay pudiera seguir operando la fábrica había una multa de US$ 350.000. Radiccioni lo solucionó con unas balas, matando a los socios. Su objetivo es recuperar el control total de la ticholera a través del desalojo que está dando su hijo Javier a la sociedad de responsabilidad limitada que integraba mi hijo, Percovich y, en los papeles, su hermano Augusto. Augusto obviamente no va a pagar y le van a dar el desalojo a Ticholos del Uruguay y los muertos tampoco pueden pagar. Entonces se va a producir el desalojo y por la vía de los hechos la fábrica va a volver a poder de los Radiccioni. Y tiene la ventaja que él está en su casa y dirige todo desde ahí", cerró.