"Entendí que podía haber información de los movimientos y hábitos de su familia. Las condiciones de trabajo de la fiscalía no pueden garantizar que eso se mantuviera en reserva. Me parece sumamente razonable y me sigue pareciendo sumamente razonable", dijo la fiscal del caso.
En las últimas horas se supo que la fiscal Gabriela Fossati aceptó no recibir los registros de los chats entre el presidente Luis Lacalle Pou y el exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano.
Según informó el diario El Observador, la Presidencia de la República puso como requisito para entregar el celular de Astesiano a Fiscalía que no estuvieran los mensajes con el presidente Lacalle Pou. Y la fiscal Fossati aceptó.
La fiscal dijo que el requisito" que le indicaron "desde Presidencia (para una entrega voluntaria del celular del exjefe de la custodia presidencial) es que no estuvieran los mensajes del presidente con Astesiano” y teniendo en cuenta su investidura, le pareció “totalmente razonable".
Más tarde, en un tuit, Fossati profundizó ese concepto. Escribió: que “una medida que limita un derecho (…) para satisfacer otra debe ser idónea y necesaria, o sea, no debe ocurrir que la misma finalidad pueda alcanzarse con un coste menor”.
Y agregó que quizás ese tipo de decisiones “son las más difíciles de adoptar para los operadores de la justicia y las más difíciles de comprender para “el afuera””.
Desde Presidencia dijeron a El Observador que no hubo ningún requerimiento para entregar el teléfono de Astesiano, la noche del 26 de setiembre, cuando fue detenido en la Residencia de Suárez al regreso de un viaje con Lacalle Pou y sus hijos.
Sin embargo, la fiscal Fossati dijo que el requisito que le indicaron desde Presidencia para hacer una entrega es que no estuvieran los mensajes del presidente con Astesiano.
En el escrito que dirigió a Policía Científica, el 3 de octubre, pidió que se utilizaran todas las herramientas que estén a su alcance para recuperar todos los mensajes, audios y videos borrados "con excepción de los mensajes, audios y videos que pueda haber intercambiado con el Sr. presidente de la República". "Entendí que podía haber información de los movimientos y hábitos de su familia. Las condiciones de trabajo de la fiscalía no pueden garantizar que eso se mantuviera en reserva. Me parece sumamente razonable y me sigue pareciendo sumamente razonable", agregó la fiscal al respecto.
Presidencia es dueña del celular. Si la entrega no era voluntaria, la Fiscalía debería haber pedido a un juez la autorización, lo que hubiera demorado el inicio de la indagatoria y el acceso a la información contenida en el teléfono.
En ese momento investigaba únicamente la adulteración de pasaportes uruguayos para ciudadanos rusos. Ahora, la fiscal Fossati abrió una nueva causa para que se investiguen específicamente los chats de Astesiano no vinculados a la trama de los pasaportes.
