Los trabajadores del organismo afirman que la publicación sobre casos de maltrato es para ocultar fallas de la actual gestión.
Según informó el diario El País, entre 2014 y 2017 el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) abrió 52 expedientes por maltrato de funcionarios a menores infractores y cinco trabajadores fueron destituidos.
Las denuncias incluyeron abusos sexuales, castigos físicos y entrada de cortes carcelarios en varios hogares.
Los datos fueron publicados este domingo por el suplemento Qué Pasa tras un pedido de acceso a información pública.
Tanto la presidenta de la institución como los trabajadores coinciden en que estos hechos fueron laudados. Aunque los trabajadores dicen que la información divulgada tiene una intencionalidad.
“Ya fueron laudados los casos que se enumeran. Todos terminaron con alguna sanción, destitución o procesamiento judicial. Por lo tanto, el sentido que tiene publicar esto no tiene otra otra cuestión que una intencionalidad de la propia gestión”, apuntó el dirigente de Suinau Joselo López.
Para la titular del Inisa Gabriela Fulco estos hechos son parte del pasado de la institución.
“No hay novedad en repetir estas historias. Son casos que fueron cerrados y laudados en vía administrativa y penal. Hubo sanciones y destituciones. Es una historia que queremos dejar atrás”, consideró Fulco.
El antecedente más conocido, porque llegó a judicializarse, ocurrió el 24 de julio de 2015 cuando un grupo de internos comenzó revueltas en el hogar Ceprili, en donde se estaba desarrollando una asamblea de trabajadores.
Los funcionarios al ver la situación salieron, forcejearon con los jóvenes y los inmovilizaron. Todo quedó grabado en un video que se hizo público.
La fiscal Adriana Umpiérrez entendió que los funcionarios sometieron a los internos a tratos degradantes que se podían tipificar como torturas. 26 trabajadores del INAU fueron procesados: 17 con prisión y nueve fueron sin prisión. Quienes fueron presos estuvieron en promedio seis meses en la cárcel.
En diciembre de 2016, un tribunal de apelaciones revocó 15 de los procesamientos, y cambió la carátula para otros once casos que pasaron a investigarse como abuso de autoridad.
La Suprema Corte de Justicia confirmó esa decisión.
