Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, fundadores de Conexión Ganadera, permanecerán en prisión preventiva.
La jueza Diovanet Olivera resolvió prorrogar por 180 días, hasta el 5 de febrero de 2027, las medidas cautelares dispuestas contra Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, y contra Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, todos socios de Conexión Ganadera, en el marco de la investigación por la presunta estafa vinculada a la empresa.
Cabral continuará cumpliendo prisión domiciliaria, mientras que Carrasco e Iewdiukow permanecerán en prisión preventiva.
La solicitud fue realizada por el fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, al amparo del artículo 225 del Código del Proceso Penal. El fiscal sostuvo que persisten los riesgos procesales que justificaron las medidas cautelares, en particular el riesgo de obstaculización de la investigación, ya que aún restan diligencias y personas por indagar.
Durante la audiencia, la defensa de las víctimas planteó nuevos cuestionamientos sobre la situación procesal de Cabral. El abogado Juan Pablo Decia solicitó que se revoque el beneficio de la prisión domiciliaria de la imputada.
Por su parte, el abogado Óscar Brum valoró el trabajo de la Fiscalía, aunque manifestó diferencias respecto al tratamiento que han recibido los imputados. Afirmó que, a su entender, existen elementos suficientes para imputar a Cabral también por lavado de activos y adelantó que solicitarán una revisión de esa situación.
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Entre los elementos mencionados por Brum señaló que Cabral habría movido más de USD 1,5 millones, suscribió 127 contratos como tomadora de ganado, obtuvo un préstamo del Banco República ofreciendo como garantía 240 cabezas de ganado y firmó cheques a nombre de Basso cuando este ya había fallecido. También sostuvo que uno de los puntos de la investigación refiere a la venta de ese ganado por parte de un socio de Basso.
El abogado Ignacio Durán también respaldó el planteo de la Fiscalía y destacó la referencia realizada por Rodríguez sobre la posibilidad de adoptar nuevas medidas si aparecen "elementos surgidos a ulterioridad". Señaló que muchas de las víctimas continúan atravesando una situación económica y personal muy compleja.
Rodríguez aclaró que la prórroga de las medidas cautelares se dispone "sin perjuicio de ulterioridades", lo que implica que podrán modificarse si durante la investigación aparecen nuevos hechos que justifiquen revisar la situación de los imputados.
La defensa de Cabral, ejercida por Pablo Donnángelo y Eduardo Sasson, no se opuso al pedido de la Fiscalía. Los abogados aclararon que su postura no significa compartir los fundamentos del planteo, sino que responde a la necesidad de preservar la seguridad de su clienta.
Según afirmaron en la audiencia, Cabral ha sido víctima de hostigamientos mediante mensajes y llamadas telefónicas y recibió amenazas de muerte. Además, indicaron que existe otra investigación en curso por el presunto hackeo del teléfono celular de Basso.
Durante su intervención, el abogado Jorge Barrera sostuvo que Cabral mantiene la presunción de inocencia y cuestionó la existencia del riesgo de entorpecimiento de la investigación mientras cumple prisión domiciliaria. También afirmó que su defendida presenta dificultades de movilidad y que las autorizaciones judiciales para concurrir a consultas médicas se demoran por cuestiones burocráticas. Asimismo, adelantó que, de mantenerse esta postura, recurrirán la decisión ante el Tribunal de Apelaciones.
En la audiencia también se informó que Carrasco había solicitado autorización para trasladarse a Florida, pero el pedido fue rechazado. Según se explicó, ese tipo de beneficios corresponde a personas condenadas y no a quienes se encuentran sometidos a un proceso penal con medidas cautelares.