Esto dijeron en rueda de prensa Javier Vega y Fernández Lecchini (Penadés-Mauvezín), y de Soledad Suárez (deunciantes).
El caso del senador Gustavo Penadés, denunciado por 11 personas por explotación sexual de menores, tuvo un nuevo episodio en las últimas horas. No solo porque hubo una instancia judicial que se suma a las anteriores, sino también porque el legislador -ahora sin fueros parlamentarios- rompió el silencio y volvió a afirmar que es inocente.
¿En qué contexto se dieron sus declaraciones? Luego de una audiencia en la que la Justicia rechazó que se levantara la reserva sobre las identidades de las personas que denunciaron a Penadés. La revelación de las identidades es reclamada por las defensas del senador y del profesor de historia Sebastián Mauvezín -acusado de ser el nexo entre el legislador y sus víctimas-. En tanto, la defensa de los denunciantes pide que esa reserva se mantenga, al igual que lo entiende la Fiscalía.
La defensa de los denunciados entiende que no conocer las identidades de las víctimas es negativo para que puedan desarrollar sus alegatos. Así lo reiteraron a la salida de la audiencia del jueves.
“Conocer las identidades implica que uno pueda desarrollar un derecho de defensa sustancial en un estado democrático de derecho. Si uno no conoce las identidades de las víctimas y además esas declaraciones se van a llevar sin que se pueda presenciarlas y oírlas, estamos claramente en una afectación al derecho de defensa”, dijo Javier Vega, abogado de Penadés.
En ese sentido, Vega remarcó que su objetivo es que “se sepa la verdad”. “Queremos que se dé la identidad de las víctimas y que el interrogatorio pueda ser sí en cámara Gesell, pero sin interruptor, sin distorsionador de voz y conociendo las imágenes”, agregó.
Con esta argumentación, Vega y el abogado de Mauvezín, Juan Carlos Fernández Lecchini, apelaron la decisión de la jueza Marcela Vargas. Así las cosas, el tema pasará ahora a un Tribunal de Apelaciones, que tiene 20 días para expedirse al respecto.
Pero además de la reserva de las identidades, Vega y Fernández Lecchini también cuestionan que en la carpeta investigativa -hecha por Fiscalía- con la que cuentan ambas partes estén “tachadas determinadas partes sustanciales de las declaraciones” de los denunciantes.
“No contamos con toda la información. Falta todo lo que está tachado (en la carpeta investigativa), no sé qué hay detrás de las tachas”, dijo al respecto Fernández Lecchini, y agregó: “Nosotros queremos colaborar con la investigación de la Fiscalía”.
Del otro lado, la abogada Soledad Suárez, integrante del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República -entidad que representa a varios de los denunciantes-, celebró la decisión de la jueza.
“Se discutió las declaraciones anticipadas y su modalidad, si se mantiene la reserva de las identidades y datos identificatorios. El resultado final fue favorable a nuestros intereses, a que se mantenga la reserva. Eso nos deja conformes. Sin perjuicio de eso, las defensas apelaron”, dijo Suárez en rueda de prensa.
Consultada sobre por qué cree necesario preservar las identidades, Suárez respondió: “Nosotros entendemos que la reserva de la identidad es un imperativo legal, y fue ese el eje de nuestra argumentación, porque los que se investigan son delitos en contra de las infancias, dentro del marco de explotación sexual y trata. Por lo tanto, ese es el primer argumento. Luego se desarrollaron cuestiones más fácticas que me parece que forman parte de la reserva”.
En tanto, la abogada adelantó que “ya está ordenado y establecido el bloque de las declaraciones anticipadas”, pero no quiso puntualizar cuándo se darían. “Jamás diría el momento en el que se van a hacer, por respeto a la reserva, a las víctimas y a los imputados”, dijo, y agregó: “Esperemos que sea todo como viene siendo hasta ahora: dinámico y ágil”.