El presidente de la ANEP opinó que tiene que haber un proyecto de ley en el Parlamento.
El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, dijo que respetan el fallo de la Justicia respecto a la comunidad menonita en Florida, pero apuntó que debe haber "una solución legal".
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) falló a favor de una comunidad menonita instalada en Florida que no envía a sus hijos a la escuela y opta por un modelo de educación a distancia.
El fallo fue votado por mayoría. Los ministros que respaldaron la decisión argumentaron que la Constitución garantiza el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos, siempre que se asegure un aprendizaje efectivo.
Ante esto, el Consejo Directivo Central (Codicen) pidió una reunión al Ministerio de Educación y Cultura "porque nosotros respetamos el fallo de la Justicia, pero entendemos que esto tiene que tener una solución legal", indicó Caggiani.
En ese sentido, sostuvo que desde hace 150 años en Uruguay "entendemos que la obligatoriedad implica que los chiquilines vayan a escuelas públicas, privadas, habilitadas o autorizadas". "Tenemos una diversidad de posibilidades que respeten tanto credos religiosos como filosóficos", agregó.
A su vez, opinó que tiene que haber un proyecto de ley en el Parlamento. "Tenemos manifestaciones de parlamentarios de los diferentes partidos políticos que están contestes en esta posición, en que es importante que los chiquilines estén en las escuelas", cerró.
El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, dijo la pasada semana que respeta la decisión de la Corte, pero consideró que el fallo "pega fuerte" en la tradición educativa uruguaya.
La ley de urgente consideración (LUC) establece que la obligatoriedad alcanza a la educación inicial, primaria y media, pero no determina que deba recibirse necesariamente en una institución educativa. Mahía cuestionó esta disposición y adelantó que redactará un proyecto de ley para modificarla.
