"El agua para el consumo humano representa apenas el 5% del suministro total de agua potable. Por lo tanto, no priorizar su uso es inaceptable", dijeron los expertos que trabajan para ONU.
Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificaron como “alarmante” la crisis del agua en Uruguay, e instaron al gobierno a priorizar el uso para consumo humano. Además, advirtieron sobre el riesgo de una “privatización de facto” del agua.
Esas declaraciones, que fueron hechas a través de un comunicado fechado en Ginebra este jueves, y en las que se advierte que “un considerable aumento en los niveles de salinidad está afectando la calidad del agua potable en Uruguay, afectando a más del 60% de su población”, fueron cuestionadas por el gobierno uruguayo: la Cancillería aseguró que el documento elaborado por expertos de la ONU contiene "inexactitudes" y que “hasta la fecha los valores establecidos en la excepcionalidad no se consideran alarmantes".
Pero, ¿qué escenario presenta el comunicado de la ONU y qué elementos pone sobre la mesa para hablar de una situación “alarmante”?
Desde la ONU señalaron que "la continua disminución de la calidad del agua (…) es alarmante” porque “afecta significativamente a grupos vulnerables, como niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas que padecen enfermedades crónicas".
El documento agrega que si bien las autoridades de salud reconocieron el riesgo e instaron a esos grupos a comprar agua embotellada, "esto crea un riesgo de privatización de facto del agua para el consumo humano, obligando a la población a comprar agua".
Más allá de la reducción de impuestos al agua embotellada, preocupa a Naciones Unidas “la situación de las personas que no pueden permitirse comprar agua y aquellas con discapacidades o movilidad reducida que no pueden transportar agua”. "Reconocemos los esfuerzos del gobierno para reducir los impuestos al agua. Sin embargo, es necesario profundizar las medidas para garantizar que todas las personas puedan acceder al agua necesaria para la vida", dice el texto.
Los expertos advierten que las recomendaciones del gobierno a bajar el consumo no se aplican a los consumidores a gran escala, como la industria.
Denunciaron además una sobreexplotación porque, a su juicio, “la expansión de las concesiones a industrias intensivas en agua estaba llevando a la contaminación y escasez de agua en el país”.
"El agua para el consumo humano representa apenas el 5% del suministro total de agua potable. Por lo tanto, no priorizar su uso es inaceptable", dijeron los expertos.
El documento lleva la firma de Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, y de los cinco integrantes del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.