Para el diputado colorado, el accionar de Secundaria generó "un perjuicio irreparable" para los estudiantes y un "daño patrimonial" al organismo.
El diputado colorado Felipe Schipani le solicitó al presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Fratti, que se conforme una comisión investigadora en el Parlamento para estudiar por qué el Consejo de Educación Secundaria del pasado período de gobierno (2015-2020) justificó las "licencias irregulares" que se tomaron docentes afiliados a la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes).
Ahora Fratti deberá designar a los tres integrantes de la comisión preinvestigadora que estudiará si corresponde o no investigar lo denunciado por Schipani, tal como lo establece el artículo 118 del reglamento de la Cámara de Representantes. Luego de tratarse en comisión, se votará en el Plenario. "El informe o los informes, si se produce más de uno, se entregarán al presidente, y el asunto se incluirá en primer término en la primera sesión extraordinaria que se realice".
Como informó El País, el documento de Schipani está estructurado en 23 puntos que explican por qué entiende que se debería formar una comisión investigadora. "Creemos que estamos ante hechos muy graves, irregulares e ilícitos, que merecen ser investigados, en la medida que entre otras cosas hubo un apartamiento de las normas por parte de las autoridades de la época", sintetiza el diputado colorado, que asegura que estos hechos ocasionaron "un perjuicio irreparable a muchos estudiantes liceales que se quedaron sin clases" y un "daño patrimonial para Secundaria".
La argumentación de Schipani se basa en un pedido de informes a la Dirección General de Educación Secundaria que realizó el 4 de marzo. Dos días antes Miriam Arnejo, la exdirectora del Liceo 1 de San José, había denunciado en una entrevista con Radio Carve que el entonces vicepresidente de Fenapes, Marcel Slamovitz, justificó en 2017 más de 140 horas de ausencia de su cargo docente bajo el encubrimiento de un integrante del Consejo de Educación Secundaria que dispuso el archivo de la denuncia.
Schipani asegura –a partir de los documentos que recibió por el pedido de informes– que Secundaria avaló la justificación irregular de horas por parte de docentes adheridos a Fenapes.
El 23 de marzo de 2017, Arnejo abrió una investigación por la cantidad de inasistencias de Slamovitz ya que, en dos años, el dirigente sindical había acumulado 250 horas de inasistencias que justificó como actividad sindical.
En las actas del Consejo consta que la exdirectora de Secundaria Celsa Puente reconoció que había una “larga lista” de faltas de dirigentes, pendientes de justificación, al margen de la licencia sindical ya otorgada.
Arnejo pidió ser asistida por el equipo jurídico de Secundaria, ya que Slamovitz decía estar amparado por el décimo inciso del artículo 70 del Estatuto del Funcionario Docente y por un “convenio firmado entre Codicen y Secundaria”. Ese artículo del estatuto permite justificar faltas por Asamblea Técnico Docente y por tareas encomendadas por organismos del Estado.
La abogada de la división jurídica de Secundaria le solicitó a Slamovitz, en junio de 2017, que presentara el citado convenio. El dirigente sindical no lo hizo.
Un mes después, la abogada –con el respaldo de la división jurídica– aseguró que no había "fundamento para justificar las inasistencias del profesor Slamovitz al amparo del artículo 70 inciso 10, por participar en actividades encomendadas por el Ejecutivo de Fenapes”.
Pese a este informe, los consejeros avalaron en posteriores reuniones las inasistencias de Slamovitz.
El docente de historia más adelante envió una nota al consejero Javier Landoni, expresando su deseo de recuperar las horas y de dar clases de apoyo fuera de horario. Arnejo señaló a través de una carta dirigida a Secundaria que esta propuesta era “inviable” para los alumnos que viven en campaña, y que además no era “paliativa” de las horas que el docente ya se había tomado.
Slamovitz presidió Fenapes entre 2018 y 2020, cuando pasó a ocupar la vicepresidencia. Renunció al cargo en abril de 2021, luego de que tomara estado público la investigación en curso.
