"La autoridad uruguaya desconoce por completo qué se inocula a nuestros niños y sus reales efectos”, agrega el documento al que accedió Telemundo.
El gobierno uruguayo y la farmacéutica Pfizer deberán presentar ante la Justicia información detallada sobre las vacunas anticovid administradas en el país, de acuerdo con una orden judicial. El juez del Tribunal de los Contencioso Administrativo (TCA) Alejandro Recarey hizo la solicitud en respuesta a un pedido de amparo para suspender la administración de la vacuna en niños, prevista en el país a partir de los cinco años de edad, aunque de forma voluntaria.
Telemundo accedió al documento con el pedido de amparo en el que se basó el juez Recarey para elaborar su solicitud, y que había sido difundido por El Observador este domingo. El documento fue presentado por el abogado Maximiliano Dentone, que había representado al diputado César Vega en un juicio contra el periodista Leandro Grille.
En ese documento se afirma que “el proceso vacunacional que lleva adelante el Poder Ejecutivo es manifiestamente ilegal y peligroso, por lo que debe ser detenido hasta tanto no se compruebe la seguridad y eficacia de las sustancias, y se cumpla con los requisitos legales, incumplidos hasta el momento”.
En ese sentido, el pedido de amparo señala que “el gobierno ha violado los mínimos y básicos principios del derecho precautorio y lleva adelante un verdadero experimento, tomando a los niños como ‘ratones de laboratorio’”.
En sus justificaciones para presentar el pedido de amparo, agregan que “el supuesto virus que generaría la patología denominada Covid-19 no está aislado, cultivado y secuenciado biológicamente, contrariamente, se trata de un procedimiento informático, es decir, que su existencia es digital, y que por lo tanto no se pudo acreditar su existencia biológica”.
Además, se argumenta que “las sustancias que se inoculan no están autorizadas por la F.D.A., se utilizan en función de una ley militar de los EE.UU. que permite su aprobación de emergencia”.
“Se ha vacunado y se vacunará sin consentimiento médico informado, conducta que vulnera la libertad, dignidad y derechos humanos de los seres humanos”, apunta el documento, y agrega dos aspectos: por un lado, que “los médicos y autoridades sanitarias desconocen el contenido de las sustancias que están inoculando” y que, además, “el contrato de adquisición de las sustancias y el oligopolio farmacéutico es secreto, se le ha negado acceso a la población, habiendo trascendidos que contiene cláusulas de indemnidad e impunidad ante posibles efectos adversos”.
Por otro lado, el documento remarca que “el Ministerio de Salud Pública hasta el momento se ha negado a dar las cifras de muertos por causa de la vacuna”, y que “a nivel de los países que más han vacunado, se han multiplicado la cantidad de muertos por efectos adversos de las vacunas”.
“Los principios del derecho precautorio, sumado a la relación riesgo beneficio de la inoculación, objetivamente demuestran la inconveniencia de la vacunación”, dice el pedido de amparo, y señala que, según el informe del profesor Campra de la Universidad de Almería, “las sustancias que se inoculan contendrían óxido de grafeno y material extraño nanotecnológico”, además de “ARN mensajero, cuya incidencia en el genoma humano se desconoce”.
En conclusión, “la autoridad uruguaya desconoce por completo qué se inocula a nuestros niños y sus reales efectos”, por lo que “la conducta de las autoridades sanitarias uruguayas es absolutamente ilegal, negligente y temeraria, por lo que debe suspenderse inmediatamente la vacunación a niños”.
Tanto el gobierno uruguayo como la farmacéutica Pfizer disponen de 48 horas para presentar ante la Justicia información detallada de las vacunas anticovid administradas en el país, de acuerdo con el pedido judicial.
El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, manifestó a Telemundo que aún no han sido formalmente notificados pero ya comenzaron a preparar la información para presentarla el próximo miércoles a las 9:00 horas. Delgado explicó que los abogados del Ministerio de Salud Pública (MSP) y los de Presidencia comenzaron a trabajar para poder cumplir con los pedidos de la Justicia.
