Senado aprobó una garantía de US$ 122 millones para el Casmu y oficialismo y oposición discreparon por las exigencias

La mutualista había solicitado acceder a una garantía por hasta 700 millones de unidades indexadas

El Senado aprobó esta semana que el Casmu acceda a una garantía por unos US$ 122 millones para reestructurar sus pasivos y obtener liquidez para hacer frente a necesidades urgentes de la institución.

El Casmu cuenta actualmente con unos 170.000 usuarios afiliados y 6.000 empleados. La mutualista había solicitado acceder a una garantía por hasta 700 millones de unidades indexadas.

“Era lo que necesitaban para reestructurar sus pasivos y tener liquidez para afrontar las urgencias que están necesitando”, explicó el senador frenteamplista Daniel Borbonet.

El acceso a la garantía contó con el respaldo de todos los partidos. Desde la oposición, el senador colorado Pedro Bordaberry señaló: “No es buena, de eso no hay ninguna duda. Por eso le votamos el acceso a una garantía de 122 millones de dólares. Propusimos un aditivo para que nos tenga que dar un informe cada tres meses”.

La discusión se produjo por otro artículo promovido por el Frente Amplio, que contó únicamente con los votos del oficialismo y establece condiciones para los directorios de mutualistas que recurran a este tipo de fondos.

“Tenía que ver con las exigencias que en nuestro proyecto estábamos solicitando que quedaran por proyecto de ley para todos los futuros conductores, directivos, que solicitaran este fondo”, explicó Borbonet.

El senador agregó: “Tenía que haber una exigencia en la gobernanza. O sea, todas aquellas directivas que se presenten a nuevas elecciones, que hayan solicitado el fondo, tenían que tener algún tipo de exigencia”.

Bordaberry cuestionó ese punto por entender que podría habilitar una intervención del gobierno sobre la conducción de las mutualistas. “Nos produce mucho temor que el Poder Ejecutivo quiera arrogarse, a través del Ministerio de Economía y de Salud Pública, la facultad de vetar en determinadas situaciones a los directivos de esas instituciones”, afirmó.

“Es una injerencia política de quien ejerce el gobierno. No tiene que hacerlo ni este gobierno ni un gobierno futuro. Al Casmu lo eligen sus propietarios. En este caso, sus médicos capitalizadores, accionistas”, agregó Bordaberry.

El artículo ahora será discutido en la Cámara de Diputados.