A través de una resolución de su Secretariado Ejecutivo, con fecha de este lunes, el sindicato manifestó su “profundo rechazo” a la decisión, al entender que “limita el derecho sindical, consagrado en la Constitución de la República”.
El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) rechazó la resolución de los ministerios de Trabajo y Transporte que establece servicios mínimos en el puerto de Montevideo, en el marco del conflicto que mantienen los trabajadores con la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP).
A través de una resolución de su Secretariado Ejecutivo, con fecha de este lunes, el sindicato manifestó su “profundo rechazo” a la decisión, al entender que “limita el derecho sindical, consagrado en la Constitución de la República”.
El gobierno resolvió establecer condiciones para “garantizar servicios mínimos que aseguren, al menos, el funcionamiento de las prestaciones portuarias indispensables” durante eventuales medidas sindicales.
La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, había anunciado la decisión el viernes durante un discurso en la Expo Prado. La jerarca aclaró que no se trataba de declarar la actividad como esencial, sino de establecer servicios mínimos.
“No estamos hablando de servicios esenciales, que tienen una lógica distinta vinculada a la seguridad, a la vida o la salud. Estamos hablando de servicios mínimos”, señaló.
La ministra explicó que la decisión fue adoptada luego de transitar el procedimiento correspondiente y siguiendo los lineamientos establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El establecimiento de estos servicios había sido solicitado por TCP en el marco del conflicto con el sindicato. La empresa había pedido al gobierno que determinara los servicios mínimos y la cantidad de trabajadores necesaria para garantizar determinadas operaciones durante eventuales medidas.
TCP sostuvo que su planteo se realizaba “con pleno respeto del derecho de huelga” y que buscaba mantener únicamente las tareas cuya interrupción pudiera comprometer la seguridad, la salud o determinadas cargas.
La decisión del gobierno también generó repercusiones políticas. El senador nacionalista Javier García calificó el decreto de servicios mínimos como una “esencialidad edulcorada”.
Por su parte, el senador frenteamplista Gustavo González celebró que finalmente no se haya decretado la esencialidad en el puerto de Montevideo y responsabilizó de la situación a “la entrega de la administración anterior del monopolio a Katoen Natie”.
Mientras tanto, el SUPRA resolvió solicitar asesoramiento técnico a la Sala de Abogados del Pit-Cnt para definir las medidas que adoptará.
Además, el sindicato convocará al Ejecutivo Nacional para analizar las medidas planteadas y solicitará reuniones formales con el ministro de Trabajo, Juan Castillo, la ministra de Transporte y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.
Etcheverry había señalado que el objetivo de la decisión era reducir la afectación de los servicios durante el conflicto y planteó que tanto la empresa como el sindicato deberían acordar sobre la base de esta garantía de funcionamiento mínimo.