Un informe concluyó que hay omisión del Estado en la alimentación que se ofrece a las mujeres en prisión

La mitad de las reclusas de Uruguay presentaban malnutrición.

La investigación se realizó en la unidad nº9 de Montevideo, que alberga a mujeres presas con sus hijos menores de edad. Fue financiada por la Universidad de la República y participó la Escuela de Nutrición y la Facultad de Derecho.

El estudio plantea que el Estado es situado en normativas internacionales y nacionales como garante del derecho a alimentación adecuada de personas privadas de libertad. Sin embargo, concluye que hay un incumplimiento de las obligaciones del Instituto Nacional de Rehabilitación en la alimentación de las reclusas.

Establece que al momento de realizar el estudio “la mitad presentaba malnutrición, tanto por déficit como por exceso, constatándose bajo peso en dos, sobrepeso en dos y en una obesidad”, lo que aumenta las probabilidades de desarrollar enfermedades no transmisibles.

Esto se debe a que en el centro de reclusión la alimentación de las mujeres privadas de libertad “era inadecuada en cantidad y calidad” porque era “excesiva en calorías, proteínas, grasa e hidratos de carbono”. El aporte de fibra solo correspondía a un tercio de lo recomendado, porque  se les ofrecía una escasa cantidad de frutas y verduras. Consumían mucha carne de pollo, pero había una ausencia de huevos, legumbres, pescado y productos lácteos en la dieta. El consumo de sal superaba un 300% lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

En los bebés y niños, uno tenía riesgo de sobrepeso, uno obesidad, cinco riesgos de retraso en el crecimiento y otro bajo peso severo y retraso en el crecimiento severo. Solo tres un estado nutricional normal. Los mayores de 24 meses recibían el aporte necesario de calcio y hierro con una adecuada frecuencia, pero había un elevado consumo de alimentos ultraprocesados. En los bebés, solo la mitad cumplía con las pautas de alimentación recomendadas por el Ministerio de Salud Pública para un niño pequeño.

Además, la cárcel no contaba con la supervisión de un licenciado en nutrición, la alimentación estaba a cargo de la subdirección administrativa. “El sector de elaboración de comidas, si bien tenía aspectos de su diseño que podían facilitar la higiene, las condiciones de mantenimiento y la ausencia de un programa de limpieza, ponían en riesgo la inocuidad de los alimentos”, raza el informe.

La mitad de las mujeres presas tenían patologías como anemia, hipertensión arterial y gastritis. A pesar de requerir regímenes especiales, no eran consideradas en la planificación del menú.


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