En total el Estado pagará al consorcio privado unos 15 millones de dólares al año y se encargará de la gestión del lugar.
En diciembre finalizarán las obras de la nueva cárcel de Punta de Rieles que será considerada modelo por su infraestructura y servicios.
Se trata de la primera experiencia de asociación público-privada.
La construcción de esta nueva cárcel está es su etapa final. Van 22 meses de trabajo. Ocupa a más de 750 trabajadores.
Durante la administración del presidente José Mujica se decidió utilizar la herramienta de la asociación público privada y la licitación internacional la ganó un consorcio formado por Abengoa, Teyma y un grupo chileno que se ocupará de la alimentación.
Uno de los diferenciales de esta cárcel a las que existen hoy será el uso de tecnología. Además, los espacios están pensados para mejorar la calidad de vida de los reclusos.
El modelo que presentó el consorcio al Gobierno está basado en un ejemplo español.
El objetivo es que la celda sea utilizada por las personas solo para dormir y proponerle diferentes actividades durante el día.
La nueva cárcel de esta ubicada en el barrio Punta de Rieles, muy cerca del actual complejo carcelario. Ocupará una extensión de 25 hectáreas y albergará a 1.960 hombres privados de libertad.
Ya se construyeron diez edificios, seis considerados de media seguridad con celdas para tres personas, dos de baja seguridad, con celdas para cinco personas y dos módulos de media seguridad con celdas individuales.
En total habrá 720 celdas y el estado pagará 200 unidades indexadas por persona, que incluye los servicios que brindará el consorcio privado. Actualmente serían unos $720.
El consorcio que ganó la licitación proveerá alimentación, limpieza, lavandería, control de plagas, mantenimiento edilicio y tecnología; además de la construcción del complejo.
El levantamiento de los edificios, la sala de enfermería y los espacios de uso alternativo como el polideportivo demandará 120 millones de dólares.
“El modelo español en el que se basa está muy enfocado en las áreas de esparcimiento y formación”, explicó Bernardo Vidal, del Ministerio del Interior.
Las personas privadas de libertad quedarán encerradas en un perímetro formado por 495 bloques de cemento prefabricados de seis metros de altura. El perímetro exterior será controlado por microondas, sensores y cámaras.
La cárcel estará lista en diciembre, pero el ingreso de las personas privadas de libertad será gradual. La gestión estará a cargo del Estado y el consorcio proveerá los servicios.
Se estima que en un año estará funcionado en su totalidad. En total el Estado pagará al consorcio unos 15 millones de dólares al año.
