La organización maneja medidas alternativas a las planteadas hasta el momento por otros productores.
“Si el presidente Vázquez nos hubiera dado media hora aunque sea para una reunión en diciembre se hubiera evitado la bronca de los productores”, afirmó el vicepresidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti.
A principio de ese mes el mandatario, a un pedido de reunión respondió que no podía atenderlos por una cuestión de agenda pero que si era urgente podían reunirse con el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre.
El contacto con el Ministerio de Ganadería continúa siendo fluido, afirmaron fuentes de la secretaría de Estado, como de las gremiales agropecuarias. El centro para los productores no es que los reciba Aguerre, con quien ya han hablado, sino el presidente Vázquez para ver cuál es la proyección que tiene el gobierno para el sector.
Sanguinetti recordó a Telemundo que la rebaja que tuvo el combustible el año pasado y el aumento por debajo del promedio este año son medidas que agradecen pero es necesario otras y para eso se requiere la aprobación del ministerio de Economía. Entre las acciones que reclaman está la rebaja impositiva y de la energía eléctrica así como atender el atraso cambiario.
En cuanto al anuncio de posibles medidas de realizar piquetes, Sanguinetti afirmó que se descartaran de plano y que en su lugar se piensa en otras alternativas con el objetivo “de llamar la atención del gobierno pero no perjudicar a la población”, dijo el dirigente de la gremial.
Entre las alternativas está afectar el envío de haciendas a los frigoríficos o de la producción granjera a las bocas comerciales. También la de vender frutas y verduras en la ruta para que la población vea el precio que vende el productor y cuál es el precio final. Asimismo la posibilidad de una concentración de tractores.
Sanguinetti dijo a Telemundo que el reclamo de tomar medidas para mejorar al sector no se lo hacen sólo al gobierno sino a toda la clase política y puso como ejemplo que las intendencias decidieron un aumento de 33% de la contribución inmobiliaria y fue aprobada por legisladores del Partido Nacional.
