Ahora el texto deberá seguir su tratamiento parlamentario.
En las últimas horas, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado aprobó un proyecto de ley para la modificación del Código del Proceso Penal que, entre otros aspectos, propone modificaciones al instituto de la prisión domiciliaria. El tema fue inicialmente puesto sobre la mesa por Cabildo Abierto, pero desde la coalición se reconoce que lo aprobado esta semana dista mucho de esa propuesta original.
En rueda de prensa, la senadora nacionalista Carmen Asiaín repasó este miércoles algunos de los aspectos que se introducen en las modificaciones.
“Lo que hizo Cabildo Abierto fue plantear el tema, pero el proyecto aprobado no tiene nada que ver con el presentado originalmente. Este proyecto lo avala el comisionado parlamentario. También agregamos las sugerencias que hicieron las cátedras de Derecho Penal y Derecho Procesal. Se incluyó entre otras cosas la necesidad de pedir siempre la historia clínica para evitar la presentación de certificados fraudulentos”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que uno de los cambios tiene que ver con que ahora la prisión domiciliaria se podrá solicitar a partir de los 65 años por razones de salud y ya no será necesario esperar a los 70 años.
“No alcanza con tener más de 65 años, también debe proveerse un informe que diga que las condiciones de reclusión hacen que sean violatorias de sus derechos humanos. Se es bien estricto en ese sentido”, agregó la senadora.
“No se cambia ninguna condición. Lo que se cambia es que se le dan más pautas al juez a la hora de otorgar la prisión domiciliaria, como por ejemplo si una mujer está embarazada o amamantando o si tiene menores de cinco años a su cargo”, señaló la legisladora, e indicó que se mantiene la concepción de que siempre será el juez el encargado de determinar si hace lugar o no la prisión domiciliaria.
Con esto, la prisión domiciliaria no queda excluida para ningún delito, pero sí se vuelve más exigente acceder a ella para algunas situaciones: “Hay delitos en los que se es más exigente a la hora de otorgar la prisión domiciliaria, pero no se dice que no podrán acceder a ella. Hablamos de abuso sexual, violencia doméstica, narcotráfico, guerra, genocidio o lesa humanidad, u homicidio. Y si en esos casos se dispone la prisión domiciliaria, no podrá convivir el privado de libertad con la víctima”.
El proyecto fue acompañado por la coalición de gobierno, pero no por el Frente Amplio. Ahora el texto deberá seguir su tratamiento parlamentario.
La polémica por los condenados por delitos durante la dictadura
Desde que se presentó el proyecto, desde el Frente Amplio y de organizaciones civiles mostraron su preocupación sobre la posibilidad de que cambiar el instituto de la prisión domiciliaria diese lugar a que personas condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura uruguaya pudiesen acceder a esta forma de privación de libertad de forma más flexible.
Consultada al respecto, la senadora Asían dijo que “este proyecto no viene a tocar nada en ese sentido, viene a dejar tal como está”.
Por su parte, el senador por Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, dijo que el proyecto aprobado propone “una diferencia sustancial” con el proyecto presentado inicialmente por su partido. “Nosotros proponíamos que la prisión domiciliaria en determinadas situaciones podía dictaminarse de oficio, y este proyecto vuelve a la posición más tradicional de una contienda con la posibilidad de Fiscalía de oponerse. Proponíamos que respecto a las personas mayores de 65 años se debían adoptar medidas alternativas a la prisión carcelaria”, afirmó.
Consultado sobre la postura del Frente Amplio de que militares retirados que actualmente cumplen prisión en la cárcel de Domingo Arena pudiesen pasar a prisión domiciliaria, Domenech respondió: “En nuestro país, todas las confrontaciones han sido resueltas en base a amnistías. La Constitución prevé que las cárceles no servirán para mortificación. Y nos da la impresión que se pretende usar respecto a estas personas como un instrumento de mortificación. Ha habido muchos procesamientos que a nuestro juicio no son acordes a derecho, porque han sido en base a presunciones o indicios. Me parece que a tantos años de este triste enfrentamiento entre compatriotas, es bueno intentar ponerle fin al tema de la represión penal”.
En tanto, el senador frenteamplista Charles Carrera dijo que su partido no acompañó inicialmente el proyecto porque “no tiene garantías de que no ampare a los que hoy están detenidos en Domingo Arena por graves violaciones a los derechos humanos”.
“No vemos que haya necesidad de cambiar el instituto de la prisión domiciliaria, bajando de 70 a 65 años. Se acaba de votar una ley jubilatoria que te exige trabajar hasta los 65 años, pero con esto sos viejo para cumplir una pena. Los delitos de lesa humanidad son de una gravedad extrema y se deben cumplir las penas”, afirmó.
No obstante, adelantó que se encuentra trabajando para presentar un aditivo al proyecto votado. “A los efectos de que se nos dé garantías de que este proyecto no va a ese espectro subjetivo que son los violadores de la última dictadura militar. Si tenemos esa garantía quizás podemos acompañarlo”, agregó.