Los convocantes partirán el jueves 9 a la hora 18 desde la plaza Libertad y desembocarán en el Palacio Legislativo.
La organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos marchará y dará una conferencia en contra de la "prisión domiciliaria a genocidas". La movilización será el 9 de diciembre y está motivada por un proyecto de ley presentado por los senadores de Cabildo Abierto, que proponen la prisión domiciliaria a mayores de 65 años en determinadas circunstancias que abarcarían a los reclusos de Domingo Arenas.
Los convocantes partirán a la hora 18 desde la plaza Libertad y desembocarán en el Palacio Legislativo. La iniciativa fue anunciada en Twitter bajo la siguiente consigna: "Por Verdad, Memoria y Justicia. Nunca más Terrorismo de Estado".
El proyecto de los cabildantes está siendo tratado por la Comisión de Constitución del Senado. Mientras que la oposición lo rechaza, dentro del oficialismo hay diferentes posturas. La senadora blanca Graciela Bianchi adelantó que está a favor, pero su par Jorge Gandini planteó días atrás que el tema es muy sensible y que le genera "dudas importantes".
Por otra parte, Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario para las cárceles, recomendó a los legisladores no aprobar la propuesta de Cabildo Abierto. En rueda de prensa tras visitar la comisión parlamentaria, señaló que la iniciativa tiene "deficiencias técnicas muy importantes" y que fue mal argumentado por los cabildantes, que en la exposición de motivos hicieron hincapié en las razones sanitarias por la pandemia de Covid-19. Según explicó Petit, la normativa vigente ya prevé la posibilidad de dar prisión domiciliaria a los adultos por motivos de salud.
El tema de fondo es la posible liberación de presos que cometieron delitos de lesa humanidad o vinculados con la pasada dictadura. Este aspecto del proyecto de ley llevó a que cinco relatores especiales de Naciones Unidas le enviaran una carta al canciller uruguayo, Francisco Bustillo, para expresar su "profunda preocupación" por la iniciativa y señalar los posibles incumplimientos que podría cometer Uruguay de aprobarla.
