Sin los votos del Partido Nacional, la Junta Departamental de Montevideo aprobó el lunes pasado el presupuesto de la Intendencia, la Rendición de Cuentas y la modificación presupuestal 2024. Hay cuestionamiento por parte de la oposición, ya que entienden que la comuna no ha hecho las inversiones necesarias. Sostienen que faltan obras, limpieza, saneamiento y mayor movilidad. ¿En qué obras ha invertido la Intendencia de Montevideo? ¿Cuáles quedan pendientes? Lo conversamos con Claudio Visillac, edil del Frente Amplio; y Javier Barrios Bove, edil del Partido Nacional.
Claudio Visillac
Es un presupuesto ordenado, equilibrado y audaz. No se puede analizar si no se tiene en cuenta el contexto país, porque tiene un fuerte impacto en Montevideo.
Con respecto a 2019, en comparación con 2022, Montevideo es el departamento que tiene más gente en pobreza, más pobreza infantil. Es el departamento más desigual. Donde la familia tiene menor nivel de consumo respecto a 2019, un departamento muy golpeado a nivel de violencia con respecto a 2019.
Tenemos una dramática situación respecto a las personas que están viviendo en la calle.
Y luego hay un contexto político, innegable, que tiene que ver con la asfixia económica y financiera que ejerce el gobierno hacia Montevideo, con los cincuenta millones de dólares que nos negaron con respecto a mayo 2021 donde estaba la primer propuesta del programa BID versión “0”. Nos recortaron 31 millones de dólares del fondo de infraestructura metropolitana. No nos renovaron la partida de cien millones de dólares que había votado el Congreso Nacional de Intendentes. Nos han cargado con costos administrativos del Sucive. Y después, por decir alguna más, más allá de lo que tiene que ver con la discusión jurídica, hubo una intervención inédita del presidente apelando al artículo 300 de la Constitución para llevar un tema a la Cámara Baja para negarle la posibilidad de ingresos a Montevideo.
Si sumo todo lo que he señalado, estamos arriba de los 200 millones de dólares que se le ha recortado a Montevideo y que no están en la calle. No está en inversión, no están en obras, y obviamente la Intendencia muestra un presupuesto superavitario en lo económico, pero también superavitario a nivel social porque no le dimos la espalda a todos los problemas que tienen los montevideanos en el campo de la pobreza, en las ollas populares y en todos los programas que estamos desplegando en el territorio.
José Barrios Bove
Creo que la argumentación del Frente Amplio es decir que no pueden hacer por culpa del gobierno nacional. Montevideo recauda dos millones de dólares por día de lunes a domingo. 800 millones de dólares es el presupuesto de la Intendencia Municipal de Montevideo. Más del 44 por ciento va a salarios, a retribuciones personales. Algo así como un 37 por ciento va a gastos de funcionamiento y solo un 10 por ciento va a las inversiones que Montevideo necesita.
Dónde cada uno prioriza, es responsabilidad de cada una de las administraciones.
Entiendo la situación que todos vivimos en este país que fue producto de la pandemia y muchos de esos indicadores que dice Claudio son coletazos sociales de lo producido en la pandemia.
Cuando se hizo el presupuesto nacional, hubo que hacer determinadas opciones. Cuando se estaba configurando el presupuesto nacional que no sabíamos cuánto se iba a gastar, entre darle cien millones a Montevideo, que no sabíamos si se necesitaban o no, o dárselo a otro departamento del interior que están más atrasados y no recaudan tanto como Montevideo, o destinarlos a la salud, a lo social, fue una opción del gobierno nacional.
La tasa de inflamables fue una resolución de la Suprema Corte de Justicia que la declaró inconstitucional. Cuando vino el director de Recursos Financieros, nos dijo que tenía un impuesto que iba a ser acorde a la constitucionalidad. Cuando se mandó a la Junta Departamental, ni siquiera lo llegamos a discutir, y ni siquiera el presidente pudo aplicar el artículo 300 porque no se discutió, no se aprobó. La Intendencia lo retiró y lo retiró porque empezaron a salir una serie de tributaristas que decían que ese impuesto nuevamente iba a ser inconstitucional.
