El objetivo del cambio es modernizar la legislación ante los cambios tecnológicos en la comunicación, según dice el proyecto.
Son 90 artículos que derogan los 202 de la ley de 2014 que según entiende el gobierno era intervencionista, discrecional, limitaba libertades y era contraria a la convergencia tecnológica.
“Nuestra preocupación es porque es una ley reglamentarista, se metía con libertad de expresión. Eso en alguna medida fueron refrendandos por los recursos y por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia. y queremos un marco regulatorio distinto, básico, más minimalista, que deje a medios más espacio", dijo Omar Paganini, ministro de Industria.
El gobierno entiende que el negocio de la comunicación cambió con las nuevas tecnologías y que si no se adapta la norma, los medios nacionales corren riesgos.
"Todos vivimos estos 6 años, desde que la ley se votó, la revolución digital y los medios tradicionales ha sufrido la pérdida de espacio. En ese contexto los medios tradicionales están apretados, porque por un lado tienen una pérdida de espacio y por otro una ley reglamentarista que pone restricciones por todos lados. En definitiva, arriesgamos que pierdan viabilidad", agregó Paganini.
El proyecto de ley mantiene normas vigentes como las cadenas oficiales, las campañas de bien público de hasta 15 minutos diarios y que los partidos definitorios de selecciones de fútbol o basquetbol vayan por televisión abierta.
También mantiene las normas sobre cantidad de contenidos nacionales obligatorios pero quita exigencias sobre esto a los medios del interior.
La nueva norma cambia también la gobernanza de la televisión y radio pública, que pasarán a depender del Sistema Público de Radio y Televisión Nacional, Sipraten, con autoridades que durarán 6 años en sus cargos y que tendrán una designación escalonada cada 2 años para que sean independientes del Poder Ejecutivo.