Algunos lo ven como un activista incansable por la democracia, otros, como un criminal que intenta eludir la justicia. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, una figura que genera importantes divisiones, vuelve a encontrarse en el centro de los focos.
El australiano de 48 años es el rostro visible de la página web que sacó a la luz documentos secretos del Departamento de Estado estadounidense: WikiLeaks.
Pasó la mayor parte de la última década recluido en la embajada ecuatoriana de Londres, tratando de evitar ser extraditado a Estados Unidos.
Esta semana, la justicia británica examinará la reclamación de extradición de Washington, y decidirá si lo envía a ese país para que enfrente las acusaciones relacionadas con la filtración de WikiLeaks.
Si fuera declarado culpable de espionaje, podría ser condenado a 175 años de prisión.
Activistas a favor de la transparencia lo apoyan por haber revelado muertes de civiles, actos de tortura y operaciones militares clandestinas publicando medio millón de documentos estadounidenses sobre las guerras de Irak y Afganistán.
Pero Washington y sus aliados lo acusan de haber puesto vidas en peligro al compartir información sobre fuentes, técnicas de inteligencia y la localización de infraestructuras clave.
Está detenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres, desde que fue expulsado de la embajada de Ecuador hace diez meses.
Su equipo lanzó varias advertencias sobre su salud y un experto independiente de Naciones Unidas afirmó en noviembre que si continuaba detenido, su vida podría correr peligro.
Entretanto, el Consejo de Europa apuntó la semana pasada que la extradición de Assange tendría un efecto muy negativo en la libertad de prensa.
