Los investigadores detectaron una estructura en la que policías cobraban por entregar información de siniestros graves o fatales a gestores y abogados, que luego contactaban a las víctimas para tramitarles el SOA
Una red integrada por abogados, gestores y policías había montado un sistema para conocer rápidamente la ocurrencia de accidentes de tránsito graves o fatales, obtener los datos personales de las víctimas y contactarlas para ofrecerles la gestión del Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) a cambio de quedarse con un porcentaje del dinero.
En la jerga, este tipo de operadores son conocidos como “caranchos”, en referencia a las aves carroñeras que se alimentan de animales muertos al costado de las rutas.
Según determinó la investigación llevada adelante por la Fiscalía de Toledo y Asuntos Internos de la Policía, los funcionarios policiales ocupaban la base de la estructura. Cobraban entre $3.000 y $12.000 por avisar a los gestores cuando ocurría un accidente grave o fatal y proporcionar información personal de los involucrados.
Con esos datos, gestores y abogados podían contactar rápidamente a las víctimas o a sus familiares y ofrecerse para realizar los trámites necesarios para cobrar el seguro.
Las personas aceptaban el servicio sin saber que no necesitaban intermediarios para acceder al dinero. El desconocimiento sobre el procedimiento y sobre los montos que les correspondían era aprovechado por los integrantes de la red, que se quedaban con un porcentaje de la indemnización.
Durante la investigación, a uno de los cabecillas, propietario de un estudio jurídico, le incautaron chats, conversaciones y registros de transferencias bancarias realizadas a los informantes. En su casa, además, encontraron escrito en un pizarrón un plan sobre cómo actuar en caso de que la organización fuera descubierta por la Policía.
En una de las conversaciones incautadas, este hombre llegó a plantear que se quedaría con la totalidad del dinero que le correspondía a la familia de una persona en situación de calle que había muerto en un accidente.
La investigación permitió la condena de diez integrantes de la red: cuatro abogados, tres policías, el propietario de un estudio jurídico y dos gestores. Recibieron penas de entre dos años y tres años y tres meses de prisión, además de multas de hasta $384.000.
Otras dos personas fueron imputadas: a una se le dispuso prisión preventiva y a la otra prisión domiciliaria total con tobillera electrónica.
La investigación continúa porque también se detectó la presunta participación de choferes de ambulancias y personal de la salud dependiente de ASSE, que habrían entregado información sobre accidentes a gestores y abogados de forma similar a los policías involucrados.