El mecanismo de control quedó establecido en un convenio que se firmó este viernes.
Es un acuerdo entre la Suprema Corte de Justicia, Fiscalía, el Ministerio del Interior y las empresas de telecomunicaciones Antel, Movistar y Claro.
Cada tres meses la Corte recibirá informes del Ministerio y las telefónicas sobre las interceptaciones legales realizadas en ese período.
"Al poder cotejar esa información, la Suprema Corte de Justicia va a poder asegurar que todas las interceptaciones de comunicaciones en nuestro país fueron ordenadas previamente por el juez penal competente", dijo Gustavo Nicastro, secretario letrado de la SCJ.
También se acordó que se entregue un informe sobre las interceptaciones realizadas desde mayo del 2017 hasta ahora. El Ministerio ya las entregó y las compañías tienen plazo hasta febrero del año que viene.
Las “escuchas” legales se utilizan para combatir delitos graves como narcotráfico y trata de personas. Cada orden debe tener firma digital del policía que la solicita, el fiscal del caso y el juez que la autoriza.
"Nunca tuvimos un caso en el cual se denunciara que se hubiera desarrollada una interceptación telefónica sin autorización judicial. No ha pasado nunca en el país pese a que en sus comienzos los sistemas de interceptación eran muy precarios", explicó el fiscal de Corte Jorge Díaz.
Según la información que entregó el Ministerio del Interior en el mes de julio hubo 1.847 intervenciones.
En el dato no se discriminó entre interceptaciones nuevas y cancelaciones, algo que sí se presentará por separado a partir de ahora.
