Un estudio hecho en Nueva Jersey demostró que su implementación no redujo el número de este tipo de delitos.
El estado de California fue el primero en hacer un registro en 1947, pero era accesible solo para las autoridades.
En 1994 la Ley Wetterling obligó a los estados a aprobar leyes para crear los registros y a raíz del caso de la niña Megan Kanka de siete años, asesinada en Nueva Jersey, se llegó a otras leyes que obligan a que esos registros sean públicos.
La Ley Megan obligó a que los registros sean públicos y que las autoridades monitoreen a los delincuentes en sus actividades y paradero. Sin embargo, un estudio encargado por la Justicia de Nueva Jersey comprobó que la aplicación de este método no tiene efectos demostrados ya que no bajó el número de delitos ni redujo la reincidencia.
La web de California permite que se busque por el nombre de la persona o por la dirección, para saber qué ofensores sexuales viven en un entorno de hasta unos 16 kilómetros.
En 2005 se creó la web Pública Nacional de Delincuentes Sexuales Dru Sjodin, en honor a una joven de 22 años asesinada en 2003 por un delincuente con varios antecedentes por violación que recién había salido de la cárcel.
En Francia y Australia se obliga al seguimiento de los delincuentes reincidentes y se creó un registro con el ADN de los condenados y sospechosos.
En Gran Bretaña se implementó el registro de ADN y se hace un seguimiento con tobilleras a los delincuentes sexuales pero la información no es de acceso público.
En Chile, hay un registro de personas inhabilitadas para trabajar con menores, y en Argentina se implementó un banco de datos de ADN de los condenados y un registro con los nombres disponible para la Policía, los jueces y los fiscales.
