"Descrédito internacional" y posible corte del suministro: los argumentos del Ejecutivo para no divulgar los contratos de compra de vacunas

El MSP divulgó el escrito donde argumenta por qué no puede divulgar los contratos de compra de vacunas a Pfizer, que están bajo cláusulas de confidencialidad.

Parte de la información que solicitaba el recurso de amparo al que dio lugar el juez Alejandro Recarey relativo a la vacunación anticovid llevada adelante en Uruguay implicaba que el gobierno diera a conocer los contratos que selló con las diferentes compañías que vendieron dosis al país.

Sin embargo, en el escrito presentado ante la Justicia por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) y Presidencia de la República se asegura que es imposible responder a esta solicitud, dado que esos documentos poseen una cláusula de confidencialidad que no le permite al Estado uruguayo divulgarlos.

"En caso de divulgación de cláusulas confidenciales se sometería a la República Oriental del Uruguay a la incertidumbre de cómo afrontar otras enfermedades, pues seguramente recaerán consecuencias económicas y de carencia de estas vacunas y de otras", asegura el escrito dado a conocer este miércoles. Se agrega que en este caso también implicaría el "descrédito internacional" para Uruguay.

En la misma línea, el riesgo a corto plazo de divulgar los contratos con las farmacéuticas es que éstas opten por cortar el suministro de dosis ya adquiridas y cuya entrega puede estar pendiente.

"Es de público conocimiento que los contratos celebrados por el Estado respecto a la adquisición de vacunas contra el virus SARS-Co V-2 se encuentran amparados por acuerdos y cláusulas de confidencialidad que impiden la revelación total o parcial de su contenido", indica el documento divulgado.

Las autoridades indicaron que el propio presidente Luis Lacalle Pou comunicó este aspecto a la opinión pública "pero reiteró que en este marco 'a nosotros nos rige la Constitución y la ley, y no nos apartamos de la Constitución y la ley'".

Otro de los argumentos que esgrime el Ejecutivo es que el caso de Uruguay "no es el único", ya que otros países de la región y el mundo han apostado por la confidencialidad para lograr el acceso a las vacunas.


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