“Los técnicos conversan con los niños y advierten cuál es el deseo del niño, con quién quiere estar, a quién reconoce como sus referentes afectivos, cosa que en este caso entiendo terminó prevaleciendo”, concluyó el expresidente del organismo.
En medio de la polémica por el proceso de adopción de un niño de Maldonado —que tomó dimensión internacional y derivó en cuestionamientos desde Italia—, el diputado nacionalista Pablo Abdala, expresidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), se refirió específicamente al reclamo de una familia uruguaya que asegura haber intentado adoptarlo sin ser tenida en cuenta.
En paralelo, esa familia —integrada por Leydi González y Julio Cuadrado— relató en entrevista con Canal 4 que también había iniciado el proceso de adopción del niño. Según contaron, el trámite se desarrolló en simultáneo con el del matrimonio italiano.
“Yo empecé a trabajar en el INAU y empecé a tener contacto con el niño. Empecé a averiguar si se podía adoptar, me dijeron que sí y empezamos a hacer el papeleo. Me pidieron que dejara de trabajar ahí y lo hice”, afirmó la mujer. Por su parte, el hombre agregó: “Nos pidieron certificado de buena conducta y fuimos a varias instancias con psicólogas. Nos dijeron que estábamos aptos para adoptar”.
Según explicó el legislador, esa posibilidad existió, pero fue analizada junto con otras alternativas en el marco del proceso judicial. “La información que tengo es que efectivamente esa alternativa existió y que las dos familias fueron valoradas y las dos posibilidades fueron evaluadas técnicamente por los equipos técnicos de INAU y por la propia Justicia”, sostuvo.
El caso involucra la adopción del menor por parte del empresario italiano Giuseppe Cipriani y su pareja Nicole Minetti, y generó repercusiones en Italia, donde incluso la Justicia solicitó información a Uruguay a través de Interpol.
Abdala señaló que la decisión final se tomó en función del “interés superior del niño”. “En última instancia se entendió que para el interés superior del niño la mejor solución era la que finalmente ocurrió, era que el niño se integrara con la familia que se integró”, indicó.
En ese sentido, detalló que hubo dos factores centrales. Por un lado, mencionó la existencia en el expediente de “determinados antecedentes vinculados con presuntas situaciones de violencia familiar”, aunque aclaró que no puede confirmar si efectivamente ocurrieron.
Por otro lado, remarcó como determinante la voluntad del menor. “Los técnicos de INAU, los trabajadores sociales, los psicólogos ponderan y evalúan también cuál es la voluntad o el deseo del niño en el marco de la autonomía de su voluntad”, explicó.
“No es que la opinión del niño valga solo a partir de los 18 años; naturalmente los técnicos conversan con los niños y advierten cuál es el deseo del niño, con quién quiere estar, a quién reconoce como sus referentes afectivos, cosa que en este caso entiendo terminó prevaleciendo”, concluyó.