"Por una situación de estricta justicia con nuestra acción y convicción batllista, tienen que estar garantizados los derechos de los trabajadores que son ajenos a toda esta problemática que se ha desarrollado", dijo el legislador colorado.
El dirigente colorado Germán Cardoso -electo diputado y este martes senador- fue uno de los legisladores de la coalición de gobierno que votó afirmativamente el proyecto de ley del Frente Amplio para cubrir parte de los créditos laborales de los extrabajadores de la mutualista Casa de Galicia.
El proyecto, que ahora ya tiene sanción de ambas cámaras, fue respaldado este martes por los 13 senadores del FA, los tres cabildantes, dos nacionalistas y Cardoso.
"Voté el proyecto porque es de estricta justicia. Hay 2.000 trabajadores y sus familias involucradas que son ajenas a la problemática en la que ha habido intervenciones del estado", comenzó su explicación en entrevista con Telemundo este miércoles.
Cardoso -exministro de Turismo- recordó que el primero en actuar fue el Ministerio de Salud Pública (MSP) cuando intervino la mutualista, luego fue el Poder Judicial que "no quedó conforme y tomó la intervención hasta llegar a la liquidación".
"Las normas vigentes amparan a los derechos de los trabajadores. Por una situación de estricta justicia en lo que tiene que ver con nuestra acción y convicción batllista tienen que estar garantizados los derechos de los trabajadores que son ajenos a toda esta problemática que se ha desarrollado", dijo Cardoso.
Consultado sobre la posibilidad de que el presidente Luis Lacalle Pou vete la normativa, tal como informó este miércoles Telemundo, Cardoso respondió: "Creo que sería un error porque el Estado va a estar sometido a juicios que los va a tener que terminar pagando".
La ley
La norma incluye los créditos laborales postconcursales como sueldos o jornales, licencias, aguinaldo e indemnización por despido legal, por un máximo equivalente a las 105.000 Unidades Indexadas, que deberán ser abonadas en un único pago en un plazo máximo de 180 días de promulgada la ley.
Tendrá un costo de unos US$30 millones para el Estado contra los US$8 millones propuestos por el Poder Ejecutivo.
La ley también establece la exigencia que los prestadores de salud que recibieron afiliados de Casa de Galicia deben consultar la base de datos de extrabajadores antes de cualquier contratación permanente o transitoria.
Ingresó en el Senado, donde fue aprobado otro proyecto. En Diputados tuvo modificaciones y se aprobó con los votos del Frente Amplio, Cabildo Abierto y el PERI. Volvió a la Cámara Alta y fue ratificado este martes.