La colaboración era reservada y no impidió que Policía Científica emitiera un certificado de buena conducta, que permitió a Cancillería expedir el documento.
El Ministerio del Interior estaba colaborando con la agencia antidrogas estadounidense (DEA) en una investigación contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset cuando una de sus dependencias habilitó que se le otorgara un pasaporte de manera legal.
La colaboración era reservada y no impidió que Policía Científica emitiera un certificado de buena conducta, que permitió a Cancillería expedir el documento.
Este sábado, el diario El Observador publicó un informe sobre los pasos que dio Marset, estando en Dubái, para acceder al pasaporte uruguayo de manera legal. El narcotraficante estaba preso en ese país por ingresar con un pasaporte paraguayo falso.
Fue detenido en setiembre de 2021 por las autoridades de Dubái y estaba previsto que al cumplirse los tres meses de su detención fuera deportado.
Para evitar que eso se cumpliera, Marset decidió tramitar el pasaporte uruguayo y por eso contrató al abogado Alejandro Balbi para que hiciera los trámites correspondientes.
Lo primero que hizo el abogado fue tramitar el certificado de buena conducta, que fue emitido por la Policía Científica uruguaya.
Esa dependencia del Ministerio del Interior dio luz verde, porque en ese momento Marset no tenía ninguna causa abierta en Uruguay ni impedimento legal.
Sin embargo, mientras eso sucedía, en otra dependencia del ministerio funcionarios colaboraban de forma reservada con la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, que había solicitado información sobre Marset en el marco de la causa “A Ultranza Paraguay”.
Esa investigación ubicó a Marset como cabecilla de una de las organizaciones criminales más grandes de Paraguay y autoridades de ese país lo nombraron como el “gerente de la hidrovía” por los cargamentos de droga que consigue trasladar por medio de ese canal.
El informe publicado por el diario señala que una funcionaria diplomática de Dubái debió tomarle las huellas dactilares a Marset estando en la cárcel, así como la fotografía para el pasaporte.
Según supo Telemundo esta es una práctica habitual que va en línea con lo establecido en la Convención de Viena, donde se prevé que funcionarios consulares presten asistencia a sus connacionales.
Esto aplica para personas detenidas y también para aquellas que deben ser asistidas en salud.
Bustillo sostuvo que el mecanismo vigente es “imperfecto” y permitió a Marset adquirir la libertad.
A raíz de este caso, Cancillería y el Ministerio del Interior trabajan para cambiar la normativa vigente, que se remonta a 2014, cuando el gobierno de José Mujica dio una nueva redacción a un decreto de 1993.
Ahora las autoridades intentarán que ninguna persona que esté detenida pueda acceder a un pasaporte uruguayo. En caso de ser necesario, se brindará otro tipo de salvoconducto.
Según supo Telemundo, está previsto que la nueva redacción del decreto pase a jurídica de Presidencia en las próximas semanas.
