Quedó archivada la causa judicial por las demandas penales de ALUR y del actual titular de la metalúrgica Urbicar Sociedad Anónima.
La fiscal Alicia Abreu desestimó las denuncias al no encontrar delitos en el accionar de quien cobró ese dinero o de quien lo pagó.
En mayo de 2016, desde ALUR se ordenó el pago de 100.000 dólares a este proveedor en Paysandú, cuando tendría que haber sido por 100.000 pesos. La subsidiaria de Ancap no se percató del error hasta febrero de este año, gracias a una auditoría externa contratada por la misma empresa.
ALUR aclaró a través de un comunicado que no sufrió una pérdida económica, porque desde el momento que se constató el error ejerció su derecho a retener las facturas pendientes de pago y ya compensó la totalidad de la diferencia entre los montos en dólares y en pesos.
Además, agrega que la desafectación a los funcionarios involucrados se hizo basada en la investigación administrativa y como consecuencia de su responsabilidad directa en los hechos, lo que es independiente de las decisiones en materia penal.