El líder de Cabildo Abierto reaccionó a las declaraciones del ministro Javier García, quien dijo que esta prestación supondría que el Estado se hiciera "cargo" de las "circunstancias" vividas.
Tras las declaraciones del ministro de Defensa Nacional, Javier García, quien dijo que "corresponde una reparación económica para las familias de las víctimas de la guerrilla”, el senador Guido Manini Ríos recordó que su partido, Cabildo Abierto, presentó en 2020 un proyecto de ley con el mismo fin. "Esperemos que de una vez por todas el proyecto se apruebe", apuntó en Twitter.
El general retirado indicó en esta red social que "Cabildo Abierto presentó en diciembre un proyecto de ley estableciendo la reparación económica, pero sobre todo histórica, de las víctimas de quienes atentaron contra la democracia en los 60 y los 70". El mensaje estaba acompañado por una nota con las declaraciones de García.
Cabildo Abierto presentó en diciembre un proyecto de ley estableciendo la reparación económica, pero sobre todo histórica, de las víctimas de quienes atentaron contra la democracia en los 60 y los 70...
Esperemos que de una vez por todas el proyecto se apruebe... https://t.co/apqFzYDLjc— Gral. Guido Manini (@GuidoManiniRios) July 22, 2021
El proyecto de ley fue presentado en diciembre por la bancada de senadores cabildantes, compuesta por Raúl Lozano, Guillermo Domenech y Manini Ríos. La iniciativa proponía una indemnización para los familiares de quienes fueron asesinados por los grupos armados que actuaron entre 1962 y 1976, y para quienes quedaron incapacitados o lesionados como consecuencia de las acciones de estos grupos.
En entrevista con el programa Primera Mañana (El Espectador), García había opinado este miércoles que debería haber una reparación económica para las familias de las personas asesinadas por el Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros, de la misma forma que se reparó a las víctimas del terrorismo de Estado.
El secretario de Estado argumentó que como legislador acompañó en el Parlamento la indemnización de las víctimas del terrorismo de Estado. “Es hacerse cargo por parte del Estado de las circunstancias que se habían vivido”, argumentó.
En este sentido dijo: “Hubo víctimas, es un momento negro de nuestra historia. Sectores protagonistas que estuvieron enfrentados. Hubo víctimas de la guerrilla y los grupos armados. Creo que corresponde la reparación económica, para las familias, no importa si es civil o militar, de quienes fueron víctimas de la guerrilla”.
Antecedentes
Esta iniciativa no es nueva en el Parlamento. Desde la reapertura democrática (en 1985) hubo varios intentos para compensar a las víctimas de la guerrilla.
Uno de los antecedentes más recientes es del pasado período legislativo, cuando en 2017 el diputado nacionalista Jaime Trobo –quien falleció en 2019– se reunió con la vicepresidenta Lucía Topolansky para expresarle la necesidad de impulsar una ley que contemplara una reparación económica para las “víctimas de la sedición”.
En 2007, el presidente Tabaré Vázquez presentó un proyecto de ley para reparar a los familiares de las víctimas de los policías y militares fallecidos en aquella época a manos de la guerrilla tupamara. La propuesta del Poder Ejecutivo, que generó un fuerte rechazo dentro de algunas organizaciones sociales, tomaba como base un proyecto de ley del diputado colorado Daniel García Pintos, que proponía entregar por única vez US$ 150 mil a cada una de las cerca de 60 familias afectadas.
Los legisladores blancos reflotaron en 2011 el proyecto de ley de Vázquez, que no había sido aprobada en el anterior período legislativo (2005-2010). El senador y expresidente Luis Alberto Lacalle dijo a la agencia Efe que habían dejado "morir" la iniciativa, mientras que se habían aprobado varias indemnizaciones "justas" para víctimas del terrorismo de Estado.
En 2009, la ley 18.596 reconoció el derecho de las víctimas del terrorismo de Estado a ser reconocidas y reparadas a través de un certificado público. También les garantizó otros servicios, como prestaciones médicas, asistencia psicológica e indemnizaciones económicas en casos que lo ameriten.
De hecho, esta ley fue citada en 2020 por Lozano para defender la propuesta de Cabildo Abierto. “Ya existen leyes de reparación en el otro sentido”, dijo en una entrevista con Radio Uruguay, en referencia a la norma de 2009.
