Jaime Saavedra fue consultado por los casos de los condenados por los femicidios de Verónica Bangueses y Valentina Cancela y aseguró que el organismo actuó de acuerdo con las disposiciones de la Justicia y reconoció la preocupación de las familias de las víctimas.
El presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) , Jaime Saavedra, aseguró que el organismo “hizo todo bien” al ser consultado por las salidas y actividades fuera de los centros de jóvenes que cumplen condenas por femicidios. El jerarca sostuvo que el instituto actúa de acuerdo con las decisiones que adopta la Justicia.
El tema volvió a estar sobre la mesa después del intento de femicidio a una estudiante de 19 años en la Facultad de Medicina y en medio de la repercusión que tuvieron en los últimos días las situaciones de dos jóvenes que cumplen condenas bajo la órbita del Inisa.
Uno de ellos es Franco Molina, condenado a nueve años y diez meses por el femicidio de Verónica Bangueses, ocurrido en agosto de 2021, cuando él tenía 17 años y la víctima 18. La joven fue asesinada de 27 puñaladas, algunas de ellas mientras dormía.
Tras cumplir cuatro años de la pena, Molina comenzó a tener salidas transitorias del Hogar Cufré. Según relató la madre de la víctima a Montevideo Portal, salía durante varias horas, comenzó a estudiar, concurrír al gimnasio y a trabajar en la Intendencia de Montevideo. La familia de Verónica cuestiona ese régimen y reclama que cumpla la totalidad de la condena privado de libertad.
Consultado sobre este tipo de situaciones y sobre la posibilidad de reinserción de un joven que cometió un crimen de esas características, Saavedra evitó referirse específicamente al caso.
“No puedo hablar de los casos concretos que tú mencionás porque no corresponde, pero lo que te quiero decir es que el Inisa, como siempre, hizo todo bien en todos los casos que han sido de preocupación pública y con razón de preocupación”, afirmó.
Saavedra explicó qué quiso decir con esa afirmación: “En el marco de una situación dolorosa, difícil, nosotros cumplimos con la Constitución y con la ley de modo estricto”.
El otro caso por el que fue consultado es el de Santino Gandini, condenado a diez años por el femicidio de Valentina Cancela, cometido en agosto de 2023 en Punta del Este, cuando ambos tenían 17 años. En los últimos días se generó polémica luego de que el gremio estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas señalara que el joven había concurrido al centro de estudios para rendir pruebas. Gandini continúa privado de libertad y cursa la carrera de forma remota; las instancias presenciales para rendir evaluaciones se realizan bajo las condiciones establecidas para su traslado.
La situación generó cuestionamientos y preocupación dentro de la comunidad universitaria. La propia Facultad señaló que debe cumplir con lo que determine la Justicia respecto al ingreso de una persona privada de libertad para rendir una prueba.
Ante la consulta por los reclamos de la familia de Valentina y por el seguimiento que realiza el organismo, Saavedra reiteró: “En todos los casos, te repito lo que te dije, hizo todo bien el Inisa”.
“El directorio y el Inisa tienen que proceder de acuerdo a las instrucciones judiciales”, agregó.
El presidente del INISA reconoció que el intento de femicidio en Facultad de Medicina reavivó la preocupación de familiares de víctimas sobre la situación de adolescentes condenados por delitos graves.
“Hay que tener el máximo respeto y la máxima consideración por esas preocupaciones”, sostuvo. “Especialmente, repito, de las familias que fueron víctimas de situaciones que son tremendas, son terribles”, agregó.
Saavedra insistió en que, más allá de esas inquietudes, el papel del organismo es cumplir con las condiciones establecidas por la Justicia: “Todo lo que ocurrió en todos los casos que han sido de preocupación pública, se tienen que quedar tranquilos de que el Inisa hizo exactamente todo lo que tenía que hacer”.