“No cuestionamos que hay que aumentar la cantidad de agua potable”, dijo el presidente del sindicato.
A mediados de 2021, el gobierno uruguayo anunció que estaba “casi pronto” el estudio de factibilidad del "Proyecto Neptuno", una iniciativa que pretende utilizar como fuente de agua el Río de la Plata, a la altura de Arazití, en el departamento de San José, para potabilizarla y mejorar el abastecimiento.
Ahora que la iniciativa avanza a encaminar su concreción, desde el sindicato de Obras Sanitarias del Estado (OSE) afirman que rechazan el proyecto.
“Queremos alertar a la población de que hoy está sobre la mesa, a través del ‘Proyecto Neptuno’, la posibilidad de avanzar nuevamente en una privatización en la producción del agua potable”, dijo este lunes en conferencia de prensa el presidente del sindicato de OSE, Federico Kreimerman.
En ese sentido, Kreimerman apuntó que el proyecto es una propuesta de empresas privadas para construir una nueva planta de agua potable y que tiene un costo de 3.000.000 de dólares; “está la propuesta de que eso se financie con un contrato a 30 años, que operaría la planta y la OSE le compraría el agua potable para luego distribuirla a los usuarios”.
“Estamos hablando de que la OSE pagaría por cada metro cúbico de agua que compraría y le asegura también un canon por disponibilidad, por tener el agua potable pronta y disponible, de 12 millones de dólares por año. Pagaríamos doble: por el agua potable disponible y por el agua potable consumida”, agregó el dirigente sindical.
Así las cosas, para la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), el “Proyecto Neptuno” terminaría saliendo para el Estado uruguayo “mucho más caro” que si se hiciera con fondos públicos.
“No cuestionamos que hay que aumentar la cantidad de agua potable”, dijo Kreimerman, y agregó: “Sí decimos que tiene que ser con obra pública, con funcionarios públicos, con mayor personal genuino, porque parte de los problemas que hay hoy para abastecer de agua potable a la población tienen que ver con la falta de personal en OSE. En los últimos cuatro años se han perdido 800 puestos de trabajo y todavía no ha entrado ni un solo funcionario”.
En ese sentido, además, desde el sindicato de OSE entienden que el Estado no avanza en invertir en obra pública porque no quieren adquirir deuda y que, por eso, “quieren pagarle a un privado año a año para comprarle el agua”. “Dinero hay, el problema ya es un tema de prioridades. Para evitar la deuda pública no hay que conceder patrimonio público a un privado”, agregan.
En tanto, agregan también que el “Proyecto Neptuno” es inconstitucional. “Poner el agua potable en manos de privados viola el artículo 47 de la Constitución de la República, puesto allí por el pueblo uruguayo en el 2004 mediante el plebiscito del agua, donde todos votamos que queremos que el agua potable sea estatal y pública”, dijo Kreimerman.
