El diputado socialista Gonzalo Civila será el miembro interpelante.
A las 10:30 de este miércoles arrancó la interpelación a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, por las exoneraciones fiscales que concedió al estudio privado del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, en el marco de la ley de promoción de inversiones. El diputado socialista Gonzalo Civila es el miembro interpelante.
Pocos minutos después de las 19 horas Arbeleche realizó una conferencia de prensa junto a legisladores de la coalición, mientras se realizaba un "corte sanitario" en la interpelación para "higienizar la Cámara".
Arbeleche aseguró que "quedó claramente presentado que no hubo una situación ilegítima" y agregó que "hubiera sido ilegítimo negar la solicitud".
“El expediente no salió del Ministerio de Economía y Finanzas. No hay normativa que avale abrir un expediente de un inversor”, dijo la ministra de Economía.
La bancada del Frente Amplio también realizó una conferencia de prensa, minutos después. El diputado Gonzalo Civila dijo que "hay cosas que no se quieren revelar" y que se trata de "un gobierno que se beneficia a sí mismo".
En tanto, la diputada del MPP, Bettiana Díaz, dijo que "estamos en una situación donde no se nos quiere brindar información. Es parte de un blindaje al gobierno. El mismo presidente de la república que cuestiona la resolución de la ministra", en referencia a que Luis Lacalle Pou dijo que era un inconveniente la exoneración en este momento.
La moción de interpelación fue aprobada el 5 de mayo con los votos de la bancada del Frente Amplio y del diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust. Para que esto fuera posible se necesitaban al menos un tercio de los votos de la Cámara de Representantes, que tiene 99 bancas.
Si bien Alfie inició el trámite antes de asumir la titularidad de la OPP, la resolución que le concedió la exoneración fue firmada por Arbeleche el 11 de febrero, cuando él ya ocupaba el cargo. Más adelante prescindió del beneficio –según dijo– "en común acuerdo" con el presidente Luis Lacalle Pou.
El lugar que ocupa Alfie es uno de los argumentos que Civila esgrimió en la moción para poder interpelar a Arbeleche, a la que accedió Telemundo. “El beneficiario de la exoneración concedida es, al igual que la ministra que la concede, uno de los principales responsables de la política económica del país y del manejo de los recursos públicos”, argumentó el legislador.
Esta es la primera interpelación por parte de la oposición desde que Lacalle Pou asumió la Presidencia. En junio de 2020, Lust llamó a sala a cuatro ministros para que explicaran el contrato con la empresa finlandesa UPM.
Lacalle Pou, en tanto, se pronunció este martes sobre la convocatoria de Civila, que en su momento pidió la renuncia y puso en duda la ética de Arbeleche y de Alfie. "Hay que ser muy ligeros para andar hablando de falta de ética por parte de la oposición", dijo.
Por su parte, el director de la OPP dijo que no le parece bien interpelar a la ministra de Economía por este tema, teniendo en cuenta la coyuntura sanitaria y socioeconómica. Al día siguiente de que se votara la moción de interpelación, en entrevista con el programa Las cosas en su sitio de Radio Sarandí, aseguró que no le parecía correcto "entrar en ese juego" como "para pegarle al gobierno" cuando hay "otros problemas mucho más grandes y realmente relevantes".
"En la interpelación vamos a ver aspectos legales que están conectados a la firma de la ministra Arbeleche", adelantó Civila la semana pasada en el programa Desayunos Informales, donde también dijo que "no hay ningún juego político" detrás de la convocatoria.
Resumen de la sesión
La ministra ingresó a sala acompañada por el subsecretario Alejandro Irastorza. Civila, el miembro interpelante, agradeció a Arbeleche por la comparecencia y dijo que esta no es "una interpelación cualquiera", ya que es la primera liderada por la oposición en este período legislativo. Recordó que la última vez que el Frente Amplio interpeló a un secretario de Estado fue cuando Alfie era el ministro de Economía, en mayo de 2004, y estuvo a cargo del socialista Guillermo Álvarez.
"No queremos personalizar. Queremos dar un debate político, no queremos mancillar el honor de nadie", dijo Civila, y planteó que esta instancia permitirá "forjar una opinión a medida que tengamos más información" sobre el episodio.
El diputado socialista aseguró que a pesar de la "tremenda crisis" que vive Uruguay y del "enojo" de la ciudadanía, las preguntas se limitarán a la exoneración fiscal. "Nos parece oportuno hacer esta interpelación porque hay un tema central, clave, que tiene que ver con la ética en la función pública y no creemos que haya que minimizarse porque se esté viviendo una crisis", indicó.
Civila luego hizo un racconto desde el 5 de marzo, cuando se hizo pública la resolución de febrero. Recordó que hasta el presidente se pronunció al respecto del llamado a sala, se hicieron pedidos de informes, pero se agravó la emergencia sanitaria. Por eso se retrasó la interpelación, aseguró Civila: "Nosotros intentamos blindar abril".
"Las preguntas que le voy a formular a la señora ministra son preguntas que tienen que ver con aspectos normativos y legales referentes a la ética y la función pública", dijo Civila, y subrayó que desconoce el expediente del trámite, que fue catalogado como confidencial por el Poder Ejecutivo amparándose en una resolución firmada en 2013 por el exministro de Economía Fernando Lorenzo.
En total Civila hizo 11 preguntas. Estas fueron algunas de ellas: "¿Cuál es la fecha exacta de la exoneración?, ¿Alfie sabía que iba a ser director de la OPP cuando solicitó la exoneración?; luego de asumir como director, ¿Alfie se comunicó con la ministra para dar cuenta de este trámite?"
Arbeleche comenzó su intervención explicando "brevemente” el marco normativo de la promoción de inversiones, “a los efectos de ubicar en su adecuado contexto histórico” la información.
"Cuando la administración, haciendo uso de las normas referidas, otorga una exoneración tributaria, no está entregando un beneficio, un subsidio o una prebenda en derecho exclusivo del particular. De ninguna manera. Lo que está entregando es un incentivo, o está haciendo uso de lo que ya dijera que es una política de fomento, con el objetivo de obtener la contrapartida de la inversión como política de desarrollo económico y social", argumentó.
“Como ministra tenía absolutamente conocimiento de la resolución que estaba firmando”, afirmó Arbeleche, y agregó: "La exoneración otorgada es regular, legal y ajustada absolutamente al sistema jurídico".
Aseguró que, de acuerdo al marco normativo, "se imponía" la firma de la exoneración tributaria ya que era "un acto debido por ser reglado y no una resolución discrecional". "Negar la exoneración tributaria solicitada hubiera constituido un acto ilícito", subrayó.
Arbeleche agregó: "Ningún inversor está obligado a perder o renunciar a sus derechos sustanciales si se cumplen los requisitos legales, sea o no sea funcionario, sea o no sea gobernante. El economista Alfie tampoco".
"Ningún inversor está obligado a renunciar a sus derechos sustanciales si se cumplen los requisitos legales, sea o no funcionario, sea o no gobernante. El economista Alfie tampoco", dijo Arbeleche.
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Explicó que no hay ningún impedimento legal para que Alfie se desempeñe en la actividad privada mientras ejerce como director de la OPP. Además dijo que ella como ministra de Economía no se encuentra subordinada al director de la OPP ni viceversa.
Civila retomó la palabra luego. "Con todo respeto, el informe jurídico que nos acaba de leer la señora ministra de Economía no responde prácticamente ninguna de las preguntas que realizamos. Hubiera sido lo mismo que las hiciéramos o no las hiciéramos porque era un informe previamente escrito. (...) Creo que solo se me han respondido dos preguntas", indicó.
El diputado socialista citó el Código de Ética de la Función Pública, en el que se había respaldado la ministra de Economía en su alocución. El artículo 33 de la norma 19.823 establece: "Si al momento de ingresar a la función pública o durante su desempeño, resultare dudosa o estuviere cuestionada la configuración de alguna de las situaciones previstas en los artículos 27 a 32 de esta ley, el funcionario deberá informarlo de inmediato y en forma pormenorizada por escrito a su superior jerárquico, quien deberá resolver fundadamente al respecto y, en su caso, sobre la permanencia del funcionario en la oficina".
"Aquí parece que nadie tiene dudas, a nadie se le presenta ninguna duda, sobre un conflicto entre el interés público y el privado en esta situación", planteó Civila, remitiéndose a los artículos 30, 31 y 32 del Código, que establecen particularmente cuáles son las posibles situaciones de conjunción de intereses.
"Este tipo de normas son normas que tienen amplitud y que se aplican de forma estricta", dijo, y destacó que "ante la duda" se debe seguir de forma estricta lo que establece la ley.
"Siento que se nos está tomando el pelo. No se nos responde a las preguntas que hacemos y se pretende blindar al gobierno en un informe jurídico general (...) y se dice que en definitiva las normas de ética en la función pública si no dicen específicamente el jerarca 'X' no puede hacer tal cosa, en todo caso las vamos a tomar como un marco para discutir no sé qué. Me parece poco serio", dijo Civila.
"Esto es una pieza de evidencia de un crimen mayor: gobiernan para beneficiarse a sí mismos", afirmó más adelante.
"Esto es una pieza de evidencia de un crimen mayor, gobiernan para beneficiarse a sí mismos", dijo el diputado frenteamplista Gonzalo Civila durante la interpelación a Arbeleche.
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El miembro interpelante dijo que no puede "entender" ni "creer" cómo se "naturaliza" que funcionarios dependientes de Alfie participaran del trámite. "Aquí nadie le está pidiendo discrecionalidad a la administración", dijo, ya que el Poder Ejecutivo no está obligado a seguir al pie de la letra las resoluciones de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap).
Además, Civila recordó que Alfie ya sabía que sería designado director de la OPP cuando hizo la solicitud en nombre de su empresa. El diputado infirió esto en la sesión, ya que Arbeleche precisó allí que el economista había iniciado el trámite el 13 de diciembre de 2019, y ya entonces la prensa manejaba su designación en el gobierno entrante.
La ministra de Economía se plantó en su postura: "No cumplir la ley no era una opción", dijo, y le cedió la palabra al doctor Marcos Álvarez, su asesor.
El especialista planteó que "las incompatibilidades y las prohibiciones –que normalmente refieren a los derechos de fondo, sustanciales– no deben confundirse con los derechos de ejercicio o intervenciones indebidas cuando allí sí coliden la función pública con el derecho de fondo". Como ejemplo de esto dijo que "una cosa es que Marcos Álvarez, discapacitado, no pueda acceder a un vehículo de discapacitado y a una exoneración tributaria, y otra cosa es que Marcos Álvarez dicte su propia resolución o intervenga en el expediente".
El asesor de Arbeleche planteó que para que haya una incapacidad de ejercer una actividad privada, tiene que haber una disposición que así lo establezca. Y no existe tal prohibición.
Antes de pasar a un cuarto intermedio fue el turno de la delegada del MEF en la Comap, Janet Cukier, y del asesor Mauricio di Lorenzo.
Luego del receso, Civila reiteró que no creía que la ministra de Economía hubiera respondido todas las preguntas.
El nacionalista Juan Martín Rodríguez fue el primer representante del oficialismo en hacer uso de la palabra. "Pretender atribuir intenciones, como hemos tenido que soportar durante las intervenciones del miembro interpelante, no hace más que subsumir a quien lo pretende a un nivel que no es el que corresponde en esta cámara", dijo.
El legislador sostuvo que, a diferencia de lo que dijo Civila, los asesores de la ministra de Economía habían respondido todas las preguntas. "Las autoridades del Ministerio de Economía no han hecho más que cumplir a cabalidad lo establecido en las normas, como lo han hecho otros jerarcas. Y no vamos a entrar en la casuística de cada caso", dijo, y agregó: "Lo inmoral es medir con diferente vara los mismos actos, ambos legales".
Sebastián Valdomir, el diputado del Movimiento de Participación Popular, puso sobre la mesa que la ley prohíbe la comisión de hechos que "exterioricen la apariencia de violar las normas de conducta en la función pública". "Hay que leer el Código", señaló.
El legislador recordó la experiencia política de Alfie, quien a su juicio debería conocer estas normas, para concluir que "la ministra se vio embretada" porque siempre dijo que la transparencia sería "un eje" de su gestión. A partir del informe jurídico Valdomir concluyó que "está claro que algún fusible va a saltar" porque las cosas no se hicieron bien, pero que esos fusibles no serán ni Alfie ni Arbeleche.
El diputado colorado Ope Pasquet lamentó "profundamente" y rechazó "categóricamente" que Civila usara "uno de los agravios más radicales que se hayan proferido en esta sala en mucho tiempo": que los integrantes de la coalición gobiernan para beneficiarse a sí mismos.
