Tras audiencia judicial, FA reafirmó que no hay informe jurídico o económico que avale acuerdo con Katoen Natie

Los senadores Eduardo Bonomi, Mario Bergara y Charles Carrera señalaron que la respuesta de Presidencia dejó "en evidencia" su "falta de argumentos y fundamentos".

Este miércoles se realizó la audiencia por la acción de acceso a la información pública presentada por los senadores del Frente Amplio Charles Carrera, Mario Bergara y Eduardo Bonomi, que querían acceder a la resolución que homologó el acuerdo con Katoen Natie y a los expedientes administrativos del mismo. El gobierno extendió hasta 2081 la concesión de la terminal especializada del puerto de Montevideo, en manos de la empresa belga.

“Durante la audiencia se pudo confirmar por las representantes legales de Presidencia que no hay un expediente administrativo que contenga informe alguno (ni jurídico ni económico) que sustente una decisión de la magnitud del acuerdo firmado”, afirmaron los tres legisladores en un comunicado.

“La respuesta fue que los antecedentes son el acuerdo y los anexos mismos, dejando en evidencia la falta de argumentos y fundamentos que respalden un acuerdo que compromete por 12 períodos de gobierno nada menos que la soberanía sobre nuestra principal puerta comercial”, añadieron los senadores.

Bonomi, Bergara y Carrera cursaron en mayo un pedido de acceso a la información pública en el que solicitaron a Presidencia los informes jurídicos que avalaban el acuerdo entre Uruguay y Katoen Natie, que había advertido que iniciaría un juicio internacional contra el Estado. Tras una prórroga de 20 días, Presidencia dio lugar a la solicitud.

Sin embargo, los dirigentes opositores entendieron que “la información proporcionada por la Secretaría de Presidencia de la República" estaba incompleta, ya que no incluía "los expedientes administrativos relativos al acuerdo transaccional entre Katoen Natie y el Estado uruguayo’”, uno de los puntos incluidos en la petición.

Por eso hicieron una acción de acceso. La Ley de Acceso a la Información Pública contempla la posibilidad de que el solicitante recurra a la Justicia si entiende que la información provista por el Estado es incorrecta, para que un magistrado decida si la respuesta debe ser rectificada.

Para los senadores del Frente Amplio, “la Presidencia de la República (era) un órgano del Estado comprendido por la citada ley y (estaba) consecuentemente obligado a proporcionar la información que se encuentra en su poder”.

“Existe una resolución del Poder Ejecutivo adoptada en Consejo de Ministros el día 25 de febrero de 2021, por la cual se aprobó el ‘acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y las Compañías KNG (Katoen Natie)’. Dado que la respuesta que nos fuera brindada por parte de la Presidencia de la República no agrega ni la resolución referida ni tampoco sus antecedentes administrativos, no satisface nuestro derecho a acceder a la información pública”, argumentaron los legisladores al presentar el caso, antes de la audiencia del miércoles.


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