Ambas resoluciones son inapelables.
Una demanda contra el Estado uruguayo había sido planteada por Conecta, la empresa de Petrobrás que tiene la concesión para el suministro de gas en localidades del interior. Reclamaba US$ 50 millones ante la Corte Internacional de Arbitraje por presuntos incumplimientos en el contrato.
La otra demanda fue planteada por Italba Corporation ante el CIADI. Acusaba a Uruguay de violar el Tratado de Protección de inversiones con Estados Unidos, al revocar en el 2011 el permiso para brindar servicio de banda ancha a su subsidiaria, Trigosul S.A..
En ambos juicios los tribunales le dieron la razón a Uruguay. Los juicios en estas instancias son cerrados y los fallos son definitivos.
