Ambos fueron detenidos este jueves en el Aeropuerto de Carrasco cuando llegaban al país.
Un matrimonio fue detenido este jueves en el Aeropuerto de Carrasco cuando retornaba a Uruguay por encontrarse requerido por su presunta participación en la trama delictiva que vendía terrenos de Punta Negra (Maldonado) de forma irregular. Su inmobiliaria habría formado parte de las maniobras.
La investigación comenzó en 2019, a partir de una denuncia presentada por la Intendencia de Maldonado, luego de que se detectaran irregularidades en distintas operaciones inmobiliarias realizadas sobre terrenos ubicados en el balneario.
Según estableció la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2º Turno, los involucrados utilizaban poderes generales de administración, disposición y afectación que aparentaban haber sido autorizados por un escribano que en realidad había fallecido en 2006. La investigación determinó que esos documentos eran falsos y que, en algunos casos, las personas que figuraban como otorgantes habían fallecido incluso antes de la fecha en que supuestamente habían sido otorgados.
A partir de esos poderes se concretaban compraventas ficticias. De esta manera, los involucrados adquirían formalmente los terrenos y luego los vendían a terceros de buena fe, obteniendo un beneficio económico. La investigación también permitió seguir el recorrido del dinero utilizado en las operaciones. En varios casos, los cheques consignados en las compraventas nunca fueron cobrados ni acreditados en las cuentas de quienes figuraban como vendedores.
Como resultado de la investigación, dos personas fueron condenadas en los últimos días como autoras de un delito de asociación para delinquir, en concurrencia fuera de la reiteración, con dos delitos de estafa en régimen de reiteración real, estos últimos en calidad de coautores. Además, otras dos personas fueron imputadas y deberán cumplir arresto domiciliario total.
Pero las indagatorias no terminaron. Y al menos dos personas se encontraban requeridas hasta este jueves, cuando fueron detenidas a su llegada al país: se trata de un empresario inmobiliario de Piriápolis y su esposa.
La investigación fiscal entiende que la inmobiliaria en cuestión vendía terrenos cuyos poderes se falsificaban utilizando la firma y el sello de un escribano fallecido. Un empleado de esa empresa ya fue imputado por el caso: identificaba los lotes a apropiarse y se hacía pasar por dueño para expulsar a los ocupantes bajo amenazas.
