Luis Mendoza enfatizó en la necesidad de profesionales de la salud mental para dar contención ante el cese de drogas en cárceles.
Volví porque es un desafío. El uruguayo habla, critica, pero no aporta. Pero si a uno le ofrecen un cargo, pueden aportar a las generaciones más jóvenes. Si le ofrecen a uno y no acepta, le quedará remordimiento.
Algo se logró, pero falta mucho. La sociedad va evolucionando. En la cárcel debería estar el Estado y no está. Hay mucha gente afuera y estamos hablando con profesionales.
El principal problema que tenemos es la droga en la sociedad, y en la cárcel se potencia. Tenemos muchos jóvenes que entraron por robos para conseguir drogas.
Hay que trabajar con los niños, es fundamental. Los veo yendo a visitar a padres a la cárcel. Hay que trabajar con ellos para que la cárcel no sea su futuro.
Salud mental
Problemas de salud mental tienen, pero de drogas mucho más. La idea nuestra es empezar a trabajar en los módulos del Comcar más problemáticos, los que tienen más jóvenes.
Ojalá retiráramos toda la droga. Tenemos que trabajar en lo médico. A corto plazo debería haber equipos de profesionales que trabajen con estos jóvenes. Hay pero son pocos. Necesitamos más. Estamos trabajando con ASSE para mejorar en salud mental.
Todas las personas que entramos a la cárcel somos potenciales vías de entradas. En Libertad y el Comcar hay escáneres. En el resto hay que hacer requisas. Las visitas se ingenian permanentemente. Se genera un negocio y con la gente que no puede pagar se genera violencia.
A los funcionarios se los debe controlar y supervisar en su selección y funcionamiento. Cuando un funcionario elige el camino incorrecto, es la misma Policía que debe hacer el procedimiento.
No puede ser que la excusa de amenaza o corrupción lo sea para admitir drogas en las cárceles. Después los funcionarios quedan debiéndole a estas personas.
Comandos criminales brasileños
En Rivera aparentemente entraron de estos comandos en la cárcel, pero no era un cargo muy alto. A veces para ejercer influencia sobre otros dicen pertenecer a algún comando. En Uruguay estamos atentos, pero no tenemos las pruebas suficientes.
El teléfono es administrativo, no es un delito penal. Hay cárceles que, por progresividad, está autorizado el teléfono fijo.
Hoy tenemos 26 centros carcelarios y tenemos 12.286 personas privadas de libertad. El 1º de marzo tomamos con 11.780. Que vamos a llegar a 13.000 presos sí, pero que eso desborde no sé.
Teóricamente, hay menos droga en las cárceles, pero eso lleva a más violencia. En la sociedad, menos droga puede llevar a eso.
Hay que trabajar en el día antes para prever el día después. En Maldonado hay una buena experiencia en la que trabajan en el pre egreso para ajustarse a la sociedad. ¿Qué ayuda le damos a esas personas? Les cerramos la puerta en la cara. Es un tema en que la sociedad civil ha ayudado pero no es suficiente.
