Tras varios meses sin poder ingresar a las cárceles, a principios de febrero la organización Nada Crece a la Sombra retornó a trabajar, esta vez en la Cárcel de Canelones. Desde la organización destacaron la posibilidad de volver a trabajar pero manifestaron que no les supieron explicar por qué no podían hacerlo en otras cárceles como el Comcar o en la cárcel de mujeres.
El trabajo socioeducativo en las cárceles de Uruguay
Como no sabemos cómo fue que se dispuso la prohibición, no tenemos muy claro cómo fue el retorno. Hubo diferentes versiones. La primera fue que nosotros no teníamos convenio y que era el Consejo de Política Criminal y Penitenciario el que prohibía el ingreso. El Consejo no tiene esa potestad, y además teníamos dos convenios. Después, Heber planteó que había un informe negativo sobre nuestro trabajo, lo cual nos preocupó mucho. Entonces, presentamos un recurso legal para saber qué decía ese informe. No nos dieron el acceso. Hicimos dos pedidos de acceso a la información pública y se nos negó el informe, diciendo que lo había pedido Larrañaga, pero él había fallecido meses antes de que el informe se hizo público. Desde la Unidad de Comunicación nos plantearon que no se envió a ningún medio el informe y que lo solicitó el ministro Jorge Larrañaga. Poco nos importa quien solicitó el informe, queríamos acceder.
Lo que hicimos fue empezar a reconstruir el informe en base a lo que se ha dicho en medios. Les plantemos a Mendoza y su gabinete, a fines de 2020, que en la cárcel de mujeres estaban habiendo amenazas y cuestiones asociadas a que mujeres que participaban de nuestros talleres perdían acceso a otras oportunidades. Mendoza dijo que esto no podía ser así y que lo iba a solucionar para que podamos trabajar correctamente. Nosotros dijimos que hasta no se solucione, no íbamos a trabajar en la cárcel de mujeres porque no podemos generarle un perjuicio. A mí no me escribió para decirme que se solucionó.
Hay otros puntos que son irrisorios y que muestran la impunidad. Hay distintas cuestiones que llaman la atención, y por eso este año estamos muy pillos en estar atentos a estas cosas.
Las tareas de la organización que trabaja en cárceles
Nosotros trabajamos en el módulo 3 de Comcar, hasta que nos prohibieron el ingreso, que era el módulo que tenía mayor cantidad de homicidios de todo el sistema penitenciario. Por otra parte, cuando nos proponen el reingreso y que plantemos indicadores, nosotros planteamos 40 indicadores. De esos 40 indicadores, nos reducen a 12. Me estás diciendo que no podés evaluar la propuesta, te proponemos 40 indicadores y nos los quitás. Nos plantearon "no, esto no lo evalúen".
La negativa a trabajar en el Comcar y la cárcel de mujeres
Admiro que Luis Mendoza, teniendo 26 cárceles en situación critica, tenga que tomarse el tiempo para darnos estas explicaciones, pero fue difícil. Nosotros le planteamos muchas veces por qué nos expulsan del Comcar. Evidentemente Comcar es una cárcel que necesita intervención. Nos planteaba que bajemos la pelota, que íbamos a volver y al final, cuando no tenía explicación, nos dijo "Yo soy milico. Eso es para los políticos. Los problemas políticos con los políticos".
Es una decisión del Ministerio del Interior que no podamos trabajar en el Comcar. Propusimos una propuesta para una cárcel de mujeres con hijos completa e integral. Y se nos dijo que no.
Mendoza tiene un rol político, aunque el diga que no, pero entendemos que es un mensajero y hace lo mejor que puede. Yo lamento que tenga que perder tiempo y soportarnos en este tipo de intercambio, pero es lo que le toca.
El retorno al trabajo en cárcel de Canelones
Estamos en desde febrero en Canelones. Nos encontramos con una cárcel muy abierta y dispuesta a nuestro trabajo, y estamos yendo todos los días que nos permiten ir, que son los días que no hay visitas. Vamos a presentar dos propuestas. Un proyecto que tiene que ver con la convivencia, la violencia, con el tema paternidades. Por otro lado, vamos a trabajar en intentar acompañar la salida de la cárcel.
El manejo de los convenios y el dinero recibido
En abril de 2021, cobramos 3 millones 620 mil pesos que correspondían a los trece meses previos que habíamos trabajo sin cobrar. Sabíamos que se estaban preparando un jueguito publico, por lo que decidimos no cobrar la deuda que teníamos. Hicimos un acuerdo interno con el equipo para decir que el dinero lo ejecutamos hacia adelante. Los seguimos teniendo, que lo proyectamos para tres años de trabajo, con mucha pena de que con ese mismo dinero podríamos ejecutar la misma propuesta en Comcar y en la cárcel de mujeres con hijos.
Diálogo con Santiago González
Él tiene prohibido dirigirse a mí, por orden ministerial de ministro Larrañaga. La incumplió luego del fallecimiento del ministro. Tenemos que hacer una lectura política de esto. Una persona que se queja de violencia y que un ministro le da la orden de no comunicarse con la otra persona, a mí no me importa las deudas que tenga o lo que tenga para solucionar. Eso es un problema de esa persona. Si hay una orden ministerial, la orden se cumple. Yo no tengo que tener ningún tipo de vínculo. No tengo nada para solucionar, ni para hablar. Para mí no es un interlocutor político válido.
Tenemos una buena relación con quien tenemos que tenerla, que es básicamente con el ministro y el director del INR. Se nos dio la autorización de ir dentro de Canelones. Después, realmente en el territorio no vemos a ninguna de esas personas. Trabajamos con los funcionarios de las cárceles, con la dirección de la cárcel y con las personas privadas de libertad. Nos gustaría que no se vulneren los convenios que tenemos.
El plan de salud sexual y reproductiva
Fue un plan que quedó en el nada. Es llamativo porque se interrumpe porque estábamos en el pico de la pandemia por decisión del gobierno. ¿Por que no podíamos ingresar nosotros, pero sí el hospital policial? No tiene sentido.
Nos encontramos con un espectro de distintas problemáticas que implican mucho más que Papanicolau. De hecho, 1o de esas mujeres terminaron en intervenciones quirúrgicas en el Pereira Rossell. Implica que tenemos que enfocarnos en las personas más allá del Papanicolau. No nos han dado respuesta a eso. El interior del país tiene una atención inferior que Montevideo.
Lo que estamos haciendo es mirar para adelante, como lo propuso Luis Mendoza. Esto es dar cumplimiento a los convenios, es no vulnerar los derechos de las personas y es estar pillo con algunas cosas que pasaron y fueron tergiversadas. Con la responsabilidad que implica ejecutar un fondo publico y cuidarnos de que no vuelvan a sucedes cuestiones que fueron en detrimento de nuestra imagen, trabajo y que tuvieron una intencionalidad política.
Las denuncias contra Santiago González
Sabemos de presentación de distintas personas en la institución de DD.HH., en Fiscalía, por distintas situaciones de homofobia y violencia privada. Sabemos de otras organizaciones que han salido a pronunciarse. Sabemos de dichos de la ex subdirectora técnica del INR. Sabemos de una serie de situaciones. Lo hemos dialogado. Tenemos una lista de las cosas que pasaron. La impunidad es algo que existe. Entendemos que es algo que no quieren solucionar. Lamentablemente, es un problema que lleva el gobierno. Es difícil trabajar en violencia y convivencia cuando uno no puede solucionar sus propios cuadros políticos. Pero, también sabemos cuales son los mecanismos de protección que se despliegan en estos casos.
Por lo pronto, lo que a mí respecta está la orden ministerial que impide la comunicación.
