"Le pedimos que registrara el lugar como pensión para que le pagáramos, pero ella se negó y solicitó desalojar el lugar", explicaron.
Treinta y cuatro inmigrantes podrían ser desalojados en esta jornada de una casona de Pocitos: buscan encontrar un nuevo lugar donde vivir o demostrar que pueden hacerse cargo del pago de los servicios y el alquiler. Según denunciaron los inquilinos, ellos abonaban el alquiler a una encargada de la residencia que no efectuó los pagos correspondientes.
Abordamos el tema junto al abogado Juan Ceretta y la residente venezolana Ruby Contreras.
Juan Ceretta
Hemos intentado golpear todas las puertas posibles para solucionar lo urgente, lo de hoy, pero también para buscar una solución definitiva. Presentamos una nota ante el Mides y el Ministerio de Vivienda. Desde el Mides dicen que deben acudir al sistema de Puerta de Entradas del Mides, lo que implica separar a las familias y no queremos eso.
También nos contactamos con la Intendencia de Montevideo y con el INAU. Hablamos con Fabiana Goyeneche y nos manifestó que están a la búsqueda de una solución.
El planteo al Ministerio de Vivienda implica que se estudie la posibilidad de que se les dé una garantía de alquiler para poder alquilar en otro lado: no tienen ese medio a través de sus trabajos porque no tienen la antigüedad suficiente. Pero también necesitamos una solución urgente para que no pasen la noche en la calle.
El juez dice que ya se otorgaron todas las prórrogas posibles. Hoy estamos abocados a la urgente, pero seguramente haremos denuncia por lo sucedido. Hoy tenemos que lograr que estas personas no queden en la calle.
Ruby Contreras
Me enteré que acá había habitaciones disponibles por otra persona. Me contacté y me dijeron que sí. Logré obtener la habitación, pero después de siete meses de estar acá llegó un cedulón, que resultó ser el quinto. Empezamos a investigar y descubrimos que la administradora del lugar no estaba pagando el alquiler, ni la energía, ni el agua.
Nos preguntamos a dónde iba nuestro dinero. Decidimos pedir una prórroga y nos fue concedida. La administradora buscó que la prórroga fuera revocada. Le pedimos que registrara el lugar como pensión para que le pagáramos, pero ella se negó y solicitó desalojar el lugar.
La habitación más económica costaba 8.000 pesos y la más cara 16.000. Yo pagaba una habitación de cuatro por cuatro y sin baño por 12.000 pesos.
A la dueña del inmueble como tal no la conocemos.