Las tarjetas corporativas y los partidos políticos: "El caso García Pintos muestra que esto no era solo un problema del FA ni de la 711 de Sendic"

Analizamos el tema junto al sociólogo y consultor político Federico Irazábal.

Ante un nuevo caso de uso indebido de tarjetas corporativas por parte de jerarcas públicos, analizamos junto al sociólogo Federico Irazábal cómo afecta este tipo de descubrimientos en la credibilidad de los partidos políticos.

La repercusión muestra que esto no era solo un problema del Frente Amplio ni de la 711 de Sendic. La utilización no de acuerdo a lo ajustado por parte de jerarcas no tenía distingos partidarios. Si bien estos casos tienen unos 16 años, evidencian una utilización de los recursos públicos por parte de jerarcas en todo el tiempo.

La renuncia de García Pintos, si bien no es una figura reconocida, él si ocupó cargos importantes. No es igual su renuncia a la de Sendic en busca de acallar el malestar. La ciudadanía demanda más señales de parte de los partidos. Hemos visto casos en los que no ha procedido de manera ecuánime, como en el caso Bascou, que desató una crisis interna, porque su sanción dejó gusto a poco.

La devolución del dinero es un gesto simbólico de decir que esa plata ingresó de manera indebida a las arcas del partido se devolverá. El partido necesita reconstruir la confianza, que viene bastante en caída, aunque no es exclusivo del Uruguay. Hay una crisis de representación de los partidos políticos.

Pablo Mieres: "El problema de la inseguridad tiene por detrás el fracaso de las políticas sociales"

Además, el senador dijo que le da "mucha pena" la actitud de De León: "Sigue tratando de engañar a la gente".

El expresidente  de ALUR, Leonardo de León declaró la semana pasada por la denuncia presentada desde el Partido Independiente por el uso de las tarjetas corporativas de Ancap. A la salida del juzgado, De León aseguró que el abogado de Mieres “reconoció en la audiencia que parte de la información que aportaron para la denuncia no era correcta”.

Abordamos el tema junto al senador por el Partido Independiente, Pablo Mieres.

La situación en el INAU-Inisa

Hay que estudiar la situación sistémica del Inisa. Las condiciones de los privados de libertad no son dignas de un país moderno y civilizado. Estas cosas son irrenunciables para un país y una sociedad. No puede ser que sigamos teniendo denuncias que muestran estas situaciones.

El Parlamento puede hacer el llamado a sala o a comisión, y reclamar al respecto. También es un tema de la INDDHH, que tiene que investigar en profundidad.

Los jóvenes que están privados de libertad en algún momento cumplirán su pena y volverán a estar en la sociedad: la función del Estado es apostar a su rehabilitación, aunque también haya personas no rehabilitables.

Si el Estado no es capaz de tratar de manera humana a 500-600 menores y buscar rehabilitarlos… no sé.

Necesitamos tener políticas diferenciales, porque mezclas a delincuentes primarios con otros pesados es una mala opción: algunos salen como habiendo hecho un posgrado en delincuencia.

El problema de la inseguridad tiene por detrás el fracaso de las políticas sociales.

Las denuncias por ALUR

Es penoso lo del senador De León. Me da mucha pena porque todo lo que dice habla muy mal de él. Todo lo que dice es mentira. Es mentira que nosotros hayamos hecho acusaciones falsas o que hayamos dicho que fue a Ámsterdam, y tampoco incluimos gastos con tarjetas que no era de él, así como tampoco nuestro abogado salió a decir lo que él dice.

No nos desdecimos de nada, como dijo el propio abogado. Sigue tratando de engañar a la gente. Pero estas cosas se dirimen ante la Justicia.

El delito del que se le acusa es el uso para fines privados de dinero público. El dinero de la tarjeta de ALUR son los dineros del Estado. El uso de esos dineros sin justificar desde el punto de vista de actividades empresariales no es correcto. La tarjera corporativa es para un gasto imprevisto y especial. Los viáticos son para alimentos, transporte, hospedaje. Y lo peor es que estamos hablando de una empresa fundida, con inyecciones de dinero de una Ancap que también está fundida.

Dimos por buenos todos los gastos dentro del país, salvo el alojamiento en Durazno el mismo día que había una actividad de la 711. Luego, los otros gastos fuera los vemos no justificados.

“Si hay gastos personales con tarjetas corporativas que no se han aclarado, debería ser la Justicia la que decida si eso implica una violación de la normativa”

¿Cuándo un funcionario público incurre en una irregularidad con el uso de dineros públicos? Hablamos con el presidente de la Jutep.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) le envió una carta a Ancap solicitando información sobre el uso de las tarjetas corporativas en ese organismo, luego de que se conociera que cuando fue director del ente petrolero, el vicepresidente usó la tarjeta para comprar en free shop, casas de electrónica, joyería entre otras.

¿Cuándo un funcionario público incurre en una irregularidad con el uso de dineros públicos? ¿En Uruguay tenemos problemas de corrupción? Abordamos este tema junto a Ricardo Gil Iribarne, presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública.

Pedimos en general información del uso de las tarjetas corporativas, sin mención de cargos o nombres. Vamos a ver si hay gastos personales: y si los hubo, si fueron reintegrados o no. Como en cualquier otro pedido, uno puede encontrar elementos que puedan tener que ver con un delito: en ese caso, inmediatamente va a la Justicia.

La junta interviene en este caso porque entiende que es bueno que se aclare qué fue lo que pasó. A nosotros no nos corresponde expedirnos sobre una normativa interna. Alguien puede decir que tal cosa puede no gustar, pero que está en el reglamento interno. Nosotros podemos decir que ese reglamento permite cosas que quizás infringen una norma.

Creo que está bien que alguien rinda cuentas ante su fuerza política. Creo que está bien que las fuerzas políticas no miren solo el resultado en la sede judicial, donde quizás no hay delito, pero sí hay cosas que pueden ser reprobables éticamente a nivel partidario.

Lo que nos interesa es la transparencia, que estas cosas no queden en un cajón, en un ámbito donde nadie sabe qué pasó. El tema de la corrupción hoy es demasiado grave como para que no asumamos la responsabilidad que tenemos.

No es lo mismo cinco mil dólares que doce millones de dólares en el bolsillo de un funcionario público

Si hay gastos personales con tarjetas corporativas que no se han aclarado, debería ser la Justicia la que decida si eso implica una violación de la normativa.

Uruguay está mejor que otros países de la región en materia del combate a la corrupción. No es cierto que todo el mundo mete la mano: hay casos sí, pero estamos a tiempo de trabajar para que no nos pase lo que está pasando en otro lado. Hay un uso político partidario de estos temas, hay que reconocerlo: podemos llegar a perder confianza en todos. El sistema está respondiendo bien a un problema que es gravísimo.