El plebiscito sobre los allanamientos nocturnos busca modificar el artículo 11 de la Constitución de la República.
El exdirector nacional de Policía y actual asesor de Yamandú Orsi en materia de seguridad, Mario Layera, consideró que quienes promueven el plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos “están haciendo responsable” al “ciudadano común” de que “resuelva” sobre “bajar una garantía constitucional”.
El plebiscito sobre los allanamientos nocturnos busca modificar el artículo 11 de la Constitución de la República. ¿Qué dice el texto en cuestión? Que “el hogar es un sagrado inviolable: de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”.
La norma data de 1967, y quienes promueven su modificación justifican, entre otras cosas, que las circunstancias sociales han cambiado desde ese momento hasta la actualidad y que es precisamente de noche donde se dan acciones delictivas vinculadas, por ejemplo, al narcotráfico.
Consultado este lunes sobre cómo ve la posibilidad de que se habiliten los allanamientos nocturnos, Layera apuntó: “Generalmente, los jueces no habilitan la cantidad de allanamientos que la Policía solicita o pretendiera solicitar en forma diurna… imagínese cuando tengan que decidir para habilitar un allanamiento nocturno”.
Con esto, Layera dijo en el programa radial Así Nos Va que entiende que el combate al narcotráfico no va a ganar la batalla por contar con los allanamientos nocturnos: “Yo voy contra el argumento de bajar un principio o una garantía constitucional por combatir eficazmente el narcotráfico: me parece que no mueve la aguja, no la va a mover”.
“Si la población lo acepta así, el exponerse a esa situación, el día de mañana quizás se tengan que exponer, porque no va a haber el resultado que se quiera, a medidas como la restricción de movimiento, de reunión o de expresión. ¿Cuál sería el camino entonces que estamos eligiendo?”, dijo, y agregó: “Cuando hay riesgo de vida, por ejemplo, yo estoy de acuerdo, como ahora se procede, se ingresa, pero es porque está en juego la vida, otro valor que se pone por encima del sagrado inviolable que es el hogar. Si fuera solo bajo riesgo de vida y fundamentado que hay pruebas de delitos graves como homicidios, secuestro o cantidades de droga, bajo esas circunstancias explicadas y con la garantía de la presencia del juez o del fiscal en el lugar para controlar el procedimiento, se lo acepto, pero así no está redactado. Porque el juez va a juzgar y evaluar más correctamente si autoriza o no autoriza, entonces eso es una garantía”.
Con esto, Layera consideró que quienes promueven esta reforma constitucional “están haciendo responsable de una situación, de un fenómeno, de un problema que estamos viviendo, a la sociedad, al ciudadano común que resuelva en un plebiscito, para bajar una garantía constitucional”. “El culpable o lo que pase después ¿quién va a ser? El ciudadano”, agregó.
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