Para Manini, lo "grave" de este caso radica en que se "ratifica la percepción de la ciudadanía de la politización de la Fiscalía".
El senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos reiteró este jueves por la noche su críticas al sistema judicial, esta vez en el marco de los chats conocidos en las últimas horas entre Pablo Iturralde y Gustavo Penadés, que llevaron a la renuncia del hasta entonces presidente del directorio blanco.
"A la luz de cómo terminó todo el tema del exsenador Penadés, esas presiones parece que no dieron mucho efecto", comenzó Manini Ríos en conferencia de prensa. Penadés fue imputado a pedido de la fiscal Alicia Ghione por más de una veintena de delitos vinculados a explotación sexual de menores y está en prisión preventiva a la espera del juicio.
Para Manini, lo "grave" de este caso radica en que se "ratifica la percepción de la ciudadanía de la politización de la Fiscalía".
"Lo venimos denunciando hace años. La opinión pública está convencida que según quién sea el acusado, cuál sea el tema, el fallo va a ser tal o cual independientemente de los hechos reales. El sistema judicial entra en cuestionamiento y no es bueno para la democracia. Yo creo que estamos en una etapa bochornosa de la justicia uruguaya. Es hora de recuperar el prestigio que alguna vez tuvo nuestro sistema de justicia. Es lo que ratifica todo este episodio, más allá de las consecuencias que pudo haber tenido (la presión de Iturralde), que hoy no parecen tan claras", dijo.
En este camino, el precandidato único de Cabildo Abierto reiteró su convencimiento de que se debe "avanzar" en votar el proyecto de ley de "prevaricato para jueces o fiscales que intencionalmente violan el derecho, que intencionalmente dejan libre a un culpable, o preso a un inocente".
"Debería ser considerado. Que quienes juegan con la libertad de la gente y los principios del derecho sean responsables penalmente de lo que hacen", finalizó.
El proyecto, que fue presentado en abril de 2022, busca penar con 18 meses de prisión a siete años de penitenciaría, multa con entre 60 y 12 mil unidades reajustables e inhabilita entre tres y siete años a “fiscales que intencionalmente persigan penalmente a un no culpable".
"Es impresentable", resumió su postura el fiscal de Corte Juan Gómez en ese momento.
