La senadora Graciela Bianchi contó a Telemundo que personalmente tiene previsto votarlo. "Yo tengo una opinión personal, pero no es la posición de partido aún porque no se discutió en bancada", dijo.
Los senadores de la coalición de gobierno acordaron darle prioridad al proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto que busca dar prisión domiciliaria a los reclusos primarios mayores 65 años que hayan cometido ciertos delitos. Si bien esto no implica un respaldo explícito a la iniciativa, algunos legisladores oficialistas están de acuerdo con aprobarla, como la senadora nacionalista Graciela Bianchi, que habló con Telemundo acerca de la propuesta.
La propuesta de los cabildantes es discutido por algunos dirigentes de la oposición, que entienden que se busca evitar el encarcelamiento de los militares presos por los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura (1973-1985). El senador frenteamplista Charles Carrera, que integra la Comisión de Constitución, aseguró a El Observador, que el proyecto "es para darle prisión domiciliaria preceptiva a los violadores a los derechos humanos que están en Domingo Arena".
En este sentido, Bianchi dijo: "Yo no voy a mentirle a la gente: obvio que hay un objetivo de tratar de evitar que permanezca gente primaria en las cárceles y sin duda alguna –no adivino intenciones, pero no soy tonta– a Cabildo Abierto le interesa resolver el problema de gente que está siendo procesada como el último, que falleció en febrero, que tenía 82 años, murió en la cárcel recién ingresado y además tenía alzhéimer".
"Hasta ahora la decisión que tomó el Partido Nacional, dentro de la coalición republicana, porque hicimos una reunión con todos los representantes previo a la fijación de prelación de los temas dentro de la Comisión de Constitución, fue darle prioridad. Se tendría que empezar a tratar mañana, martes, pero las cátedras que citamos hasta ahora, la de Derecho Penal y la de Derecho Procesal, por razones de agenda no pudieron venir", explicó la senadora.
La primera comparecencia de una delegación, por lo tanto, será el martes de la semana que viene.
De todos modos, si bien su partido no definió una postura, Bianchi está dispuesta a respaldar la iniciativa.
"Yo tengo una opinión personal, pero no es la posición de partido aún porque no se discutió en bancada, y no es la decisión de la coalición republicana excepto de Cabildo Abierto, que fue el que lo presentó", dijo.
En línea con este planteo, la legisladora agregó: "Yo por el Partido Nacional no hablo porque no se discutió internamente. Y yo soy nacionalista, no soy blanca, y luisista".
"Eso significa una distinción, que puede ser opinar diferente. Creo que este proyecto hay que tratar de ajustarle algunas cosas, pero tiene que dársele aprobación. Pertenezco a la generación que sufrió la guerrilla, porque fui civil pero la sufrí y de izquierda", sostuvo.
"Estuve dos veces luchando y militando por los dos plebiscitos (contra) la ley de Caducidad. Primero con Germán Araújo, y después ya se había muerto. Cuando se perdió en 1989 pensé que era miedo lo que tenía la gente. Cuando se perdió en 2009 con el Frente Amplio en el gobierno es porque el Uruguay quiere que se dé por terminado este tema", dijo.
"Por distintas posiciones jurídico-políticas se reactivó el asunto de los procesamientos, y yo personalmente entiendo que es hora de dar vuelta la páginas menos en lo que se refiere a seguir buscando a los desaparecidos", afirmó.
Sin embargo, Bianchi subrayó que "la búsqueda de los restos de los desaparecidos tiene que ser una causa nacional".
La iniciativa
En agosto, la bancada de senadores de Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley para que los condenados e imputados que tienen más de 65 años cumplan prisión domiciliaria, con algunas excepciones.
De aprobarse sin modificaciones, no podrán acogerse a este beneficio los delincuentes que hayan sido condenados o estén siendo investigados por los delitos de violación (salvo que haya transcurrido desde los hechos un plazo equivalente a dos tercios de la pena máxima); homicidio agravado (salvo que haya transcurrido desde los hechos un plazo equivalente a dos tercios de la pena máxima); o algún delito contemplado en la ley 18.026, que tipifica los delitos vinculados con el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, siempre y cuando se hayan cometido luego de la entrada en vigencia de la norma, que se aprobó el 25 de setiembre de 2006.
El régimen tampoco se aplicará en los casos de reincidencia, reiteración o habitualidad, salvo en los casos en que haya transcurrido desde los últimos hechos un plazo equivalente a los dos tercios de la pena máxima establecida para el delito que tenga mayor pena.
El proyecto firmado por Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano consta de un único artículo, que busca agregar un nuevo artículo (235 BIS) al Código Penal.
En la exposición de motivos, los cabildantes argumentaron que esta disposición "atiende el grave problema de superpoblación carcelaria que está llevando al colapso del sistema con el consecuente riesgo para una población particularmente vulnerable como es la de los adultos mayores".
Si bien el proyecto de ley busca modificar el Código Penal más allá de lo que dure la pandemia de Covid-19, los senadores señalaron que permitirá reducir el riesgo de contagio entre los prisioneros más añosos, mientras que naturalmente se reducirá el flujo de visitas en los centros carcelarios.
"Dado el nivel expansivo de la pandemia, decretar el encarcelamiento de una persona significa bastante más que privarla de libertad, significa poner en riesgo su integridad física e incluso su vida, máxime cuando se trata de personas de edad avanzada", indica el proyecto.
En este sentido los cabildantes acotaron que "de esta forma se siguen las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos transmitidas por el comisionado parlamentario", Juan Miguel Petit, en el informe que elevó a los legisladores sobre el sistema penitenciario durante la pandemia.
